Este análisis constituye una respuesta crítica a la contrarréplica presentada por Rafael Franco Ruiz frente al proyecto de ley 345 de 2025. Tras la audiencia pública del 2 de diciembre en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, Franco ha mantenido una posición que, aunque intelectualmente elaborada, continúa sin ofrecer propuestas constructivas y operacionalizables para la reforma de la contaduría pública en Colombia, limitándose a crítica teórica desconectada de la urgencia regulatoria que la profesión enfrenta, contexto que Franco reconoce pero cuya resolución deliberadamente elude mediante una narrativa que, aunque intelectualmente compleja, es institucionalmente improductiva.
Introducción: De sofistas griegos y evasiones contemporáneas.
El colega Rafael Franco Ruiz ha publicado una contrarréplica a mi texto anterior sobre su análisis del proyecto de ley 345 de 2025. Lamentablemente, en lugar de responder a las objeciones centrales planteadas, Franco dedica extensas páginas a disquisiciones etimológicas sobre los sofistas griegos, Platón y Aristóteles, para concluir que mi réplica es «sofisticada» en el sentido peyorativo: «mucha forma, poca verdad». La ironía es notable: Franco utiliza exactamente la misma técnica retórica que critica —privilegiar la forma sobre la sustancia— para evadir la pregunta fundamental que le formulé y que permanece sin respuesta: ¿Cuál es su propuesta concreta y operacionalizable para la reforma de la contaduría pública en Colombia?
Esta segunda intervención de Franco confirma lo que afirmé en mi primera réplica: su discurso se resuelve en verborrea política que suena profunda pero que no aporta absolutamente nada a la discusión legislativa que Colombia necesita. Mientras la profesión enfrenta una crisis estructural que Franco mismo reconoce en sus escritos —las «siete plagas» que identificó desde 2009—, él continúa refugiándose en narrativas de «colonialismo epistemológico» que, aunque puedan tener mérito académico abstracto, resultan completamente inoperantes para construir políticas públicas.
El sofisma de las falacias: Cuando se acusa de lo que se practica.
Franco inicia su contrarréplica identificando tres falacias que supuestamente cometí: falacia
anecdótica, falacia ad hominem y falacia del hombre de paja. Veamos cada una:
Sobre la falacia anecdótica: Franco afirma que cometí esta falacia al mencionar que lo conozco desde 1995 y que observo que «no evoluciona». Esta no es una falacia anecdótica; es una observación fundamentada en evidencia longitudinal de 30 años. La falacia anecdótica ocurre cuando se generaliza a partir de un caso aislado; lo que yo hice fue constatar un patrón de comportamiento intelectual a lo largo de tres décadas: Franco ha mantenido el mismo discurso crítico sin traducirlo jamás en propuestas legislativas concretas. Esto es verificable consultando sus publicaciones desde los años 90 hasta hoy: todas son análisis teóricos, críticas ideológicas, denuncias de captura regulatoria, pero ninguna contiene un articulado normativo, un marco institucional alternativo, o un sistema de acreditación profesional operativo.
Sobre la falacia ad hominem: Franco sostiene que mi réplica atacó al emisor y no al contenido del argumento. Esto es simplemente falso. Mi texto analiza punto por punto sus argumentos: la ausencia de propuestas, la inconsistencia de su crítica democrática cuando él mismo participó y renunció, la falta de evidencia para su tesis conspirativa, la desconexión entre su narrativa sobre «colonialidad epistemológica» y las necesidades regulatorias concretas. Que en el proceso señale que Franco mantiene un discurso invariable desde hace 30 años no es ad hominem; es contextualización relevante para entender por qué sus críticas, aunque elocuentes, resultan sistemáticamente estériles.
Sobre la falacia del hombre de paja: Franco dice que no argumenté contra sus ideas reales sino contra una caricatura que yo construí. Sin embargo, mi réplica cita textualmente su documento y responde a sus afirmaciones específicas. No caricaturicé nada; señalé que su denuncia de «confesión de origen» en las Big Four carecía de evidencia documental; que su defensa de la «experiencia» ignoraba el problema de la obsolescencia profesional; que su crítica al «mercantilismo» del proyecto no identificaba artículos específicos. Estas no son distorsiones; son señalamientos precisos de las debilidades argumentales de Franco.
Lo que resulta particularmente revelador es que Franco, después de dedicar dos páginas a acusarme de falacias, admite que depurará mi texto replicante «y queda muy poco de argumental». Es decir, reconoce implícitamente que mi réplica tenía sustancia argumental, pero decide ignorarla mediante una «depuración» arbitraria que él no documenta. Este es un ejercicio de evasión intelectual, no de debate serio.
La trampa de los 20 enlaces: Confundir bibliografía con propuestas.
El núcleo de la contrarréplica de Franco consiste en afirmar que sí tiene propuestas, y remitir a más de 20 enlaces de Academia.edu y YouTube como evidencia. Dice: «No voy a reproducir textos relativos con el asunto, pero si referenciaré algunos, de pronto se leen y el replicante observara que existe un mundo real más allá de lo que conoce». He revisado estos enlaces. Son trabajos académicos de Franco sobre: las «siete plagas» de la contaduría (2009), el problema de la verdad en contabilidad, teoría del régimen internacional contable, regulación hetero topológica, fiscalización estratégica, crítica de la representación contable, entre otros. Son textos valiosos como análisis crítico teórico, pero ninguno — absolutamente ninguno— contiene una propuesta legislativa operacionalizable.
Analicemos qué significaría que estos textos fueran «propuestas» en el contexto del debate sobre el proyecto 345 de 2025:
- «Contador público: siete plagas amenazan» (2009): Franco identifica siete problemas estructurales de la profesión (ejercicio sin fundamento, regulación sin autenticidad, aprendizaje sin conocimiento, mercado sin competencia, individualismo indiferente, organizaciones vacías, ética sin moral). Este diagnóstico es elocuente, pero no propone ningún mecanismo regulatorio específico para resolverlos. Al final del texto, Franco sugiere «estrategias liberadoras» genéricas como «de hacer a saber hacer», «de la regulación a la normalización», «del entrenamiento al conocimiento». Estas son orientaciones conceptuales, no disposiciones legales.
- Textos sobre revisoría fiscal y contabilidad forense: Franco defiende la institución de la revisoría fiscal y critica que el proyecto 345 supuestamente la debilita. Sin embargo, no propone un articulado específico que fortalezca la revisoría fiscal. No especifica: ¿Qué empresas deben tener revisor fiscal obligatorio? ¿Qué competencias específicas debe acreditar el revisor? ¿Qué régimen sancionatorio debe aplicarse? ¿Cómo se diferencia de auditoría externa? Todo esto está ausente.
- Textos sobre «colonialismo epistemológico»: Aquí Franco desarrolla una narrativa sobre cómo la adopción de estándares internacionales (NIIF, NAGAS) representa dependencia intelectual del Norte Global. Esta crítica puede tener mérito en teoría poscolonial, pero no especifica qué estándares contables alternativos propone Franco para Colombia. ¿Desarrollamos NIIF colombianas incompatibles con el resto del mundo? ¿Qué sucede con la comparabilidad internacional de estados financieros? ¿Cómo afecta esto a empresas que cotizan en mercados extranjeros? Franco no responde.
- Textos sobre metamorfosis del pensamiento contable: Franco propone una «evolución de la contabilidad de su condición de servidumbre del derecho y la economía a conocimiento social y ambiental». Esta es una visión filosófica hermosa, pero no se traduce en normas técnicas. ¿Cómo se reconoce contablemente el valor social? ¿Qué principios de medición aplicamos? ¿Cómo auditamos información no financiera? Estas preguntas técnicas quedan sin resolver.
La realidad es que Franco confunde producción académica con propuestas legislativas. Publicar papers sobre teoría contable no es equivalente a formular un proyecto de ley.
Un legislador necesita artículos específicos, plazos de implementación, instituciones responsables, régimen de transición, sanciones por incumplimiento. Nada de esto existe en los 20 enlaces que Franco referencia.
El argumento del «análisis crítico de un evento determinado»: Una evasión metodológica. Franco sostiene que es un «despropósito» esperar que un texto orientado al «análisis crítico de un evento determinado» incluya propuestas. Dice: «pretender que un texto orientado al análisis crítico de un evento determinado incluya una línea argumental es un despropósito».
Este argumento es metodológicamente insostenible en el contexto de un debate legislativo. Franco no escribió una reseña académica para una revista especializada; escribió una intervención pública sobre un proyecto de ley en discusión en el Congreso de la República. En este contexto, la crítica que no ofrece alternativas es estructuralmente irresponsable.
Cuando un experto interviene en un debate de política pública—particularmente cuando critica duramente una propuesta—tiene la obligación ética y profesional de ofrecer alternativas. De lo contrario, su intervención se reduce a obstrucción sin propósito constructivo. Es como un médico que critica un protocolo de tratamiento pero se niega a sugerir uno alternativo porque «solo está haciendo análisis crítico del protocolo existente». Esto no es serio.
Más aún: Franco sí ofrece juicios normativos en su texto original. Dice que el proyecto es «mercantilista», «orientado al consumo rápido», «efímero», que perpetúa «dependencia epistemológica», que sirve a las «Big Four». Todos estos son juicios de valor que implican una visión de cómo debería ser la regulación profesional. Si Franco tiene claridad sobre cómo NO debe ser la regulación, es absolutamente razonable exigirle que especifique cómo SÍ debe ser. Negarse a hacerlo es evasión intelectual.
La narrativa del «colonialismo epistemológico»: Entre el mérito teórico y la esterilidad práctica. Franco dedica extensos pasajes de su contraréplica a reafirmar su tesis central: existe una confrontación entre un «pensamiento colonialista que pide dominio del pensamiento ortodoxo occidental» y «procesos educativos y de ejercicio profesional emancipadores que den cuenta de nuestra realidad, nuestros problemas».
Esta narrativa tiene mérito como crítica teórica de las asimetrías Norte-Sur en producción de conocimiento. Es cierto que la adopción acrítica de estándares internacionales puede generar dependencia epistemológica. Es cierto que la educación contable en Colombia ha privilegiado el entrenamiento normativo sobre la formación conceptual. Es cierto que las grandes firmas multinacionales tienen influencia desproporcionada en la regulación global.
Pero reconocer estos problemas no resuelve la pregunta operativa: ¿Cómo regulamos la contaduría pública en Colombia en 2025? Franco no puede responder esto porque su marco analítico es puramente crítico-deconstructivo. Denuncia lo existente, pero no construye lo alternativo.
Veamos algunos ejemplos concretos donde la narrativa de Franco resulta inoperante:
Caso 1: Estándares de información financiera.
Franco critica las NIIF como expresión de colonialismo epistemológico. Pero ¿Qué propone en su lugar? Una empresa colombiana que quiere listar en bolsas internacionales, atraer inversionistas extranjeros, o ser adquirida por un fondo de private equity necesita estados financieros comparables internacionalmente. ¿Cómo se logra esto sin estándares comunes? Franco no responde. Decir que debemos desarrollar «contabilidad glocal» que refleje «nuestra realidad» es poéticamente atractivo pero técnicamente vacío.
Caso 2: Acreditación profesional.
El proyecto 345 propone renovación de acreditación cada cinco años con evidencia de actualización. Franco critica esto como «mercantilismo» orientado al «consumo rápido» de capacitaciones. Pero ¿Cuál es la alternativa de Franco? ¿Acreditación vitalicia sin actualización? ¿Cada cuántos años? ¿Con qué evidencias? ¿Evaluada por quién? ¿Con qué consecuencias por incumplimiento? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta en los textos de Franco.
Caso 3: Competencias tecnológicas.
El proyecto 345 incluye competencias en análisis de datos, automatización contable, tecnologías emergentes. Franco ve esto como privilegiar «herramientas sobre conocimiento». Pero los contadores públicos hoy necesitan entender blockchain para auditar criptoactivos, inteligencia artificial para sistemas de control automatizados, ciencia de datos para análisis forense. ¿Es Franco consciente de que su crítica a la tecnología condenaría a los contadores colombianos a la obsolescencia competitiva global? ¿O propone que Colombia rechace estas tecnologías como expresión de «soberanía epistemológica»?
La realidad es que la narrativa de Franco sobre «colonialismo epistemológico» funciona como refugio intelectual que lo excusa de la responsabilidad de proponer soluciones viables. Cada vez que se le exige concreción, Franco puede responder: «Eso es pensamiento colonialista. Yo propongo emancipación epistémica». Pero la emancipación sin contenido específico es palabrería vacía.
La «cooinspiración» de Maturana: Liderazgo delegado como evasión de responsabilidad. Al final de su contrarréplica, Franco escribe: «La construcción de un articulado es responsabilidad de las comunidades profesionales, los tiempos del liderazgo han cedido sus espacios a la cooinspiración, la mejor enseñanza de Maturana».
Este pasaje es revelador de la estrategia retórica de Franco: cuando se le exige liderazgo intelectual concreto, lo delega a «las comunidades profesionales» invocando a Humberto Maturana y la «cooinspiración». Esto es conveniente, pero profundamente irresponsable.
Franco se presenta como pensador crítico con autoridad moral para denunciar el proyecto 345, participar en comités de expertos, publicar extensamente sobre los problemas de la profesión. Pero cuando se le pide que traduzca sus 30 años de análisis en propuestas operativas, se escuda en que eso es «responsabilidad de las comunidades». Esto no es cooinspiración; es evasión de responsabilidad.
Maturana propuso la «cooinspiración» como forma de construcción colectiva de conocimiento donde todos los participantes son co-creadores. Pero esto no excluye el liderazgo intelectual ni la responsabilidad individual de quienes tienen experticia. Un académico con doctorado honoris causa, ex-miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con 30 años de producción intelectual sobre la profesión, tiene la obligación ética de ofrecer propuestas específicas cuando critica propuestas ajenas. Invocar la «cooinspiración» para evadir esta responsabilidad es deshonesto intelectualmente.
Más aún: Franco ha tenido múltiples oportunidades institucionales para liderar la construcción colectiva de propuestas. Fue miembro de comités de expertos donde pudo haber presentado articulados alternativos. Participó en audiencias públicas donde pudo haber sometido propuestas a escrutinio. Ha publicado extensamente en revistas académicas donde pudo haber desarrollado marcos normativos. No lo hizo en ninguna de estas instancias. Y ahora pretende justificar esta omisión invocando la cooinspiración.
La contradicción central: Criticar sin construir mientras la profesión agoniza.
Aquí llegamos a la contradicción fundamental que atraviesa toda la obra de Franco: reconoce la crisis profunda de la contaduría pública, pero se niega sistemáticamente a proponer soluciones operativas.
En su texto de 2009 sobre las «siete plagas», Franco diagnosticó con precisión brutal los problemas de la profesión:
- Ejercicio profesional empírico sin fundamento científico
- Crisis de abundancia: ~80,000 contadores para mercado saturado
- Oligopolio de grandes firmas que controlan 93% del PIB fiscalizado
- Educación reducida a entrenamiento instrumental
- Organizaciones gremiales vacías con <12% de afiliación real
Ese diagnóstico era válido en 2009 y lo sigue siendo en 2025. Franco mismo reconoce en su contrarréplica que «la influencia de los estándares en la educación contable degrado una profesión universitaria liberal en una práctica técnica de pensamiento ausente… cinco años para ser un operador normativo no tiene sentido».
Pero si Franco reconoce estos problemas estructurales desde hace 16 años, ¿por qué no ha presentado jamás un proyecto de reforma integral? ¿Por qué no ha liderado una coalición de académicos para formular una propuesta alternativa? ¿Por qué no ha trabajado con gremios, universidades, supervisores para construir consensos sobre soluciones?
La respuesta es incómoda pero evidente: Franco prefiere la comodidad del profeta crítico a la responsabilidad del constructor de instituciones. Es más fácil denunciar «colonialismo epistemológico» que especificar cómo se mide el valor social en estados financieros. Es más cómodo criticar las «Big Four» que proponer un régimen antimonopolio viable para servicios profesionales. Es más elegante citar a Platón sobre los sofistas que redactar un articulado sobre competencias profesionales actualizadas.
Mientras Franco escribe papers filosóficos, la profesión sigue en crisis. Los jóvenes siguen evitando estudiar contaduría. Los programas universitarios siguen desactualizados. El mercado laboral sigue dominado por oligopolios. La educación continua siendo entrenamiento normativo. Y Franco, con todo su conocimiento y prestigio, no aporta ni una sola propuesta operativa para resolver estos problemas.
El proyecto 345: Imperfecto pero necesario frente a la parálisis crítica.
El proyecto de ley 345 de 2025 tiene defectos. Probablemente requiere ajustes en varios artículos. Puede que la renovación quinquenal de acreditación necesite precisiones sobre mecanismos de evaluación. Quizás las competencias tecnológicas deban balancearse mejor con formación conceptual. Es posible que el código de ética necesite mayor desarrollo.
Pero el proyecto 345 existe. Es tangible. Es debatible. Es mejorable mediante enmiendas específicas. La alternativa de Franco—esperar a que una «política de masas» construya un modelo emancipado del «colonialismo epistemológico» mediante «cooinspiración» inspirada en Maturana—es una utopía paralizante. Mientras esperamos esa construcción colectiva que Franco nunca lidera, ¿cuántas generaciones más de contadores deben formarse sin marcos de calidad actualizados? ¿Cuántos años más puede la profesión operar sin reglas claras sobre competencia profesional?
Franco pregunta retóricamente en su contrarréplica: «¿Cuántos jóvenes quieren estudiar contaduría pública cuando se les degrada a operadores normativos?» Es una pregunta válida. Pero la respuesta no es rechazar toda reforma hasta que tengamos una revolución epistemológica. La respuesta es construir mejores marcos regulatorios que dignifiquen la profesión mediante competencias robustas, educación conceptual y ejercicio ético. El proyecto 345 intenta hacer esto, aunque imperfectamente. Nada es perfecto, puro y sano. Pero Franco no intenta hacer nada concreto, aunque critique elocuentemente.
Conclusión: La responsabilidad que Franco continúa evadiendo.
Esta segunda contrarréplica de Franco confirma plenamente lo que señalé en mi texto inicial: su crítica es verborrea política sofisticada que no construye ni suma nada a la discusión del proyecto de ley 345 de 2025.
Franco puede dedicar páginas a etimología griega, citar extensamente teoría poscolonial, denunciar falacias imaginarias, remitir a 20 enlaces de Academia.edu, invocar la cooinspiración de Maturana. Pero al final del día, sigue sin responder la pregunta central: ¿Cuál es su propuesta concreta y operacionalizable para reformar la contaduría pública en Colombia? No la tiene. Nunca la ha tenido en 30 años. Y en lugar de reconocer esta omisión, construye elaborados refugios retóricos para justificar su ausencia de propuestas.
La contaduría pública colombiana necesita reformas urgentes. Franco lo reconoce desde 2009. El proyecto 345 de 2025, con todos sus defectos, es un intento de responder a esa urgencia. Franco, con todo su conocimiento, no ha presentado ninguna alternativa viable.
Un intelectual responsable haría lo siguiente ante un proyecto de ley que considera deficiente:
- Identificar artículos específicos problemáticos con evidencia técnica
- Proponer enmiendas concretas con redacción legislativa alternativa
- Construir coaliciones con gremios, académicos y legisladores para promover las enmiendas
- Presentar estudios de impacto que sustenten las modificaciones propuestas
- Participar constructivamente en audiencias públicas con propuestas documentadas
Franco hace lo contrario en todo:
- Critica genéricamente el «origen» y el «proceso» sin especificar qué artículos son técnicamente deficientes
- No propone ningún articulado alternativo, remitiéndose a teoría abstracta
- Renuncia a comités y luego denuncia conspiración sin construir alternativas
- No presenta evidencia empírica sólida para sus acusaciones de captura regulatoria
- Usa audiencias para declamar sobre colonialismo sin ofrecer marcos operativos
Esta es la diferencia entre crítica constructiva y verborrea inocua. Franco practica sistemáticamente la segunda mientras pretende encarnar la primera. Es hora de exigir a los críticos del proyecto 345 que asuman su responsabilidad intelectual: proponer, construir, liderar. Si consideran que el proyecto es deficiente, tienen la obligación de presentar alternativas viables. Si no pueden o no quieren hacerlo, su crítica debe ser reconocida por lo que es: ruido intelectual que obstaculiza sin aportar, denuncia sin construir, y perpetúa la parálisis que mantiene a la profesión en crisis.
La contaduría pública colombiana no puede seguir esperando a que Franco y quienes piensan como él decidan algún día traducir sus 30 años de análisis crítico en propuestas legislativas concretas. Necesitamos reformas ahora. El proyecto 345 es imperfecto pero es real. La alternativa de Franco es perfecta en teoría pero inexistente en práctica.
Entre una reforma imperfecta y viable, y una utopía perfecta e inexistente, la responsabilidad profesional exige elegir lo primero y trabajar por mejorarlo. Franco elige lo segundo y critica a quienes intentan lo primero. Esta es la esencia de su irresponsabilidad intelectual.
Atentamente,
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
Contador Público 30651T
Auditoría – Revisoría Fiscal – Contabilidad Pública – Consultoría – Peritazgo
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