Hay reflexiones que me han acompañado toda la vida profesional, incluso cuando hubiera querido creer que ya estaban resueltas. Una de ellas es la preocupación constante por el futuro de la contaduría pública. No es un tema pasajero ni una inquietud reciente: es una convicción que ha crecido conmigo desde mis años de formación. Me eduqué bajo la Ley 145 de 1960—una norma vieja incluso en ese momento—, estudié entre 1984 y 1990, y obtuve mi título justo cuando aparecía la Ley 43 de 1990, que parecía ser el gran paso hacia la modernización de la profesión. Pero seis meses después llegó la nueva Constitución de 1991 y, en la práctica, la ley nació sin piso, desconectada del nuevo orden constitucional. La profesión nació desactualizada frente al nuevo orden constitucional. Y desde ese momento, hace ya más de tres décadas, seguimos intentando avanzar con un andamiaje normativo que no responde a lo que somos ni a lo que el mundo exige.
Recorrí el país ejerciendo la profesión en momentos en que la contabilidad era manual, los sistemas eran incipientes y la tecnología apenas insinuaba los cambios que vendrían. Desde entonces, la profesión avanza a medias, siempre con la sensación de que estamos trabajando con un marco normativo atrapado en el pasado. Y lo digo con conocimiento directo: participé activamente en la construcción del artículo 354 de la Constitución que dio origen al Contador General de la Nación.
Y, con el paso del tiempo, tuve el honor —un honor inmenso que no puedo pasar por alto— de convertirme en el único contador público en Colombia que ha llegado a la cabeza de los tres órganos rectores de la profesión: me desempeñé como Contador General de la Nación, presidente de la Junta Central de Contadores durante tres años consecutivos (el único en toda su historia en ejercer ese periodo), y presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, desde donde lideré la puesta en vigencia de los estándares internacionales de información financiera y aseguramiento.
Cada una de esas responsabilidades marcó mi vida, no solo profesional, sino ética y humana. Todo lo que he logrado se lo debo a esta profesión. Por eso siento un compromiso moral —no impuesto, sino asumido— con su destino. No podría ser indiferente ante el rumbo que está tomando, ni ante la urgencia de una actualización normativa que responda a los tiempos que vivimos.
Hoy hacemos contabilidad en aplicaciones móviles, registramos operaciones en plataformas que no sabemos dónde están ubicadas, y vemos cómo entran en circulación monedas que los bancos centrales no emiten. Sin embargo, seguimos atados a normas forjadas en un país sin internet, sin celular y sin sistemas digitales. Esa brecha técnica ya no es un detalle: es un riesgo profesional, económico y social. La contaduría pública, columna vertebral del sistema económico, no puede sostenerse con cimientos que pertenecen al siglo pasado.
Pero esa actualización normativa no se escribirá sola. Debe discutirse y aprobarse en el Congreso de la República. Y aquí recae una de nuestras falencias más profundas: no hemos sido capaces de asegurar representación política real para la profesión. Lo intenté de manera directa cuando aspiré al Senado con el aval de Cambio Radical. Y descubrí, con realismo, quizá con más crudeza de la que esperaba, cuánto pesan las etiquetas partidistas incluso dentro de una comunidad profesional que debería pensar técnicamente. Lo digo sin resentimiento, pero con absoluta sinceridad: muchos colegas no evaluaron mi experiencia, mis convicciones ni mis años de servicio a la profesión; solo vieron el partido. Así, desperdiciamos una oportunidad de oro pese a contar con una base potencial cercana al medio millón de votantes.
Esa experiencia me enseñó una lección que hoy transmito sin reservas: la contaduría no puede seguir votando por ideologías mientras la profesión pierde vigencia normativa. Los partidos no son corruptos; corruptas pueden ser algunas personas que los integran. Si queremos limpiar esos espacios, debemos entrar, no huir.
La comunidad contable necesita presencia política, necesita interlocución directa, necesita voz legislativa. Y esa voz no llegará por obra del azar.
Ahora creo, con más claridad que nunca, que quizá no sea un contador público quien logre liderar la renovación normativa. Nuestra historia demuestra que, después de ser elegidos, pocos regresan a la profesión que los formó. Por eso necesitamos una estrategia distinta: identificar y apoyar a un candidato al Senado y otro a la Cámara —en listas abiertas, con voto directo a la persona— que asuma públicamente el compromiso de impulsar la reforma estructural que la contaduría requiere.
No hablo de una promesa vacía. Hablo de una ruta legislativa clara, auditable, con metas y tiempos verificables. Hablo de modernizar el ejercicio profesional para las nuevas generaciones, no para quienes ya estamos cerca de cumplir nuestro ciclo. Hablo de garantizar que la contaduría pública siga siendo vigente, respetada y técnicamente sólida.
Si la comunidad contable decide permanecer pasiva en las próximas elecciones, entonces estará renunciando a su propia capacidad de incidencia. No podemos seguir lamentándonos por la falta de reformas mientras votamos sin estrategia, sin unidad y sin visión de futuro. Esta vez no podemos fallar.
Es ahora —no mañana, no en otro ciclo— cuando debemos actuar como un cuerpo profesional consciente de su peso. Tenemos número, tenemos legitimidad, tenemos historia. Solo nos falta voluntad.
Por eso escribo esta columna con emoción, preocupación y esperanza. Porque sé lo que la contaduría me ha dado y sé lo que aún puede darle al país. Y porque tengo claro que la renovación normativa se construye en el Congreso.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿La comunidad contable va a seguir dejando que otros decidan por ella? Yo, por mi parte, creo que ya es hora de reclamar el lugar que nos corresponde y asumir el protagonismo que reclama la profesión. Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
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