Los resultados electorales del 8 de marzo son una mezcla de alerta y oportunidad. Alerta, porque varios análisis han mostrado que en territorios con riesgos históricos de violencia, presión armada o clientelismo, los resultados tienden a concentrarse y a encender señales de integridad electoral que no deben minimizarse. Pero también oportunidad porque la propia autoridad electoral reportó que la participación subió frente a 2022 y que los votos nulos bajaron en más de 150.000, lo que sugiere un electorado más dispuesto a votar “bien” y a entender mejor el tarjetón.
Me alienta ver más participación y menos voto nulo; creo que hay ciudadanía intentando decidir mejor. También me alienta que, pese a la polarización, el tarjetón presidencial quedó abierto y competitivo, obligando a debatir y a persuadir.
En el mapa legislativo, el bloque oficialista del Pacto Histórico quedó como la fuerza más grande en el Senado de la República, pero sin mayoría; al mismo tiempo, creció la bancada de Centro Democrático y el conjunto resultante anticipa un Congreso fragmentado en el que será inevitable negociar. Esa fragmentación vuelve más relevante la pregunta por la gobernabilidad que la pregunta por las consignas.
En lo sustantivo, me parece que se confirman tres grandes rutas: continuidad reformista, reacción de derechas y reordenamiento de centro, pero con matices internos que pueden reconfigurar alianzas.
Varias lecturas de prensa convergen en algo: el “centro” llega golpeado en el Congreso, y eso le quita músculo de negociación a cualquier proyecto que pretenda gobernar sin polarizar. Al mismo tiempo, también he visto una intuición repetida: incluso quienes ganaron en los extremos están empujados a “hablarle al centro”, porque si llega la segunda vuelta se decidirá con sumas, no con trincheras.
Mi apuesta analítica es que el debate se mueva hacia compromisos verificables: seguridad territorial, ejecución social, transición energética, y reglas claras de relación con el Congreso.
Para mí, La Guajira debería ser el test de realidad de cualquier gobierno. No por romanticismo regional, sino por evidencia: la crisis humanitaria del pueblo Wayuu tiene un reconocimiento judicial de “estado de cosas inconstitucional” (Sentencia T-302 de 2017) bajo seguimiento de la Corte Constitucional, con exigencias concretas en agua, salud y alimentación. Además, el DNP reporta seguimiento a un plan de acción provisional y avances que, aunque existen, no pueden esconder que el problema de fondo no está resuelto.
Pero La Guajira también es una oportunidad estratégica: la transición energética del país depende en buena medida de que la infraestructura permita evacuar la energía renovable producida; por eso, sea cual sea el resultado, yo lo traduzco así: si gana Cepeda, el reto será convertir el discurso de derechos en ejecución sostenida y en acuerdos legislativos que no se congelen por polarización; si gana Paloma, el reto será demostrar que seguridad y empresa privada pueden coexistir con garantías efectivas de derechos, especialmente donde el Estado ya fue declarado incumplidor; si gana Fajardo u otra opción de centro, el reto será construir gobernabilidad real con bancadas dispersas y sin caer en la transacción clientelista. En todos los casos, La Guajira debe exigir dos cosas: resultados medibles en la superación del “estado de cosas inconstitucional” (agua, nutrición, salud) y un modelo de transición energética que deje beneficios territoriales legítimos, no solo megaproyectos.
Mi optimismo es este: si la campaña deja de tratar al país como una guerra cultural interminable y empieza a competir por quién garantiza gobernabilidad con resultados, Colombia puede salir fortalecida.
Lo que sí tengo claro es que, independiente del que llegue a la Casa de Nariño, La Guajira tiene hoy, más que nunca, una representación en el Congreso con la obligación de gestionar con fuerza y con resultados frente a cualquier gobierno y no en su interés personal o de su entorno familiar. Los guajiros no podemos seguir siendo espectadores pasivos de una democracia que nos pide los votos pero se olvida de nuestras tragedias. Esta es la oportunidad de exigir, de negociar y de comprometer a quien resulte elegido presidente con un plan concreto para el departamento más complejo y más rico en recursos humanos, culturales y naturales del Caribe colombiano.Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
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