Por lo que se puede ver, los actuales gobernantes del departamento no llegaron para resolver los problemas de la gente, sino a hacer negocios personales. Desde que se posesionaron, cada decisión que han tomado parece tener un solo propósito: asegurar su bienestar económico, no el de las comunidades. Mientras tanto, la gente sigue sin agua, sin comida, sin salud, sin escuelas dignas. Y lo que es peor: sin justicia.
Es una vergüenza. Con toda la plata que ha transferido el Gobierno en los últimos diez años, la mitad de la población guajira sigue sin acceso adecuado a agua potable, dependiendo del agua de lluvia o de lo que traen los carrotanques cuando llegan. Los niños siguen muriendo por desnutrición, en su mayoría de comunidades wayúu. La educación estancada, muchos hogares sobreviven del empleo informal. Y, aun así, nada parece importarles a los que gobiernan. No hay proyectos estructurales ni voluntad política real para cambiar esta realidad.
En lugar de combatir el abandono estructural, han optado por profundizar la desidia con la corrupción.
Ahora se sabe de lo que se presentó como una alianza para mejorar la alimentación escolar con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que se convirtió, en la práctica, en una herramienta para evadir la ley de contratación pública y repartir contratos a dedo entre amigos políticos.
Según una investigación periodística, los convenios con el Programa Mundial de Alimentos, que superan los $148.000 millones, han sido utilizados para esquivar procesos de licitación, sin control ni veeduría. Se ha establecido que la Gobernación recomienda directamente contratistas “amigos” al Programa, quien los subcontrata sin ningún concurso, aprovechando su inmunidad como agencia de la ONU. ¿Se están robando la plata de la alimentación escolar bajo el escudo de un organismo internacional?
Han perdido el miedo a robar, y lo hacen con una tranquilidad pasmosa porque saben que los organismos de control no hacen nada. La impunidad ha sido el mejor socio de la corrupción.
Puede servir de consuelo que, por fin, se abrió una pequeña grieta en esa muralla de inacción: la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra más de 40 funcionarios públicos de más de diez entidades, entre ellas el ICBF, MinSalud, MinVivienda, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, DPS y autoridades departamentales y municipales, por el incumplimiento sistemático de la sentencia T-302 de 2017.
Es una decisión que llega tarde, pero confirma lo que todos sabemos: el abandono institucional en La Guajira no es casual, es negligencia estructural, y tiene responsables con nombre y cargo. Pero no basta con investigar. Debe haber sanciones reales. Porque si no se castiga el incumplimiento de una sentencia constitucional destinada a evitar la muerte de niños, ¿entonces qué se castiga en Colombia?
Ante este panorama, he sugerido en varias ocasiones que se lleve a cabo una intervención nacional estructural que no sea un acto simbólico ni burocrático, sino una acción coordinada entre el Gobierno Nacional, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y organizaciones civiles serias, con metas concretas y plazos definidos.
En La Guajira se están violando sistemáticamente los derechos fundamentales ante los ojos de todos, y el Estado tiene el deber y la obligación legal de proteger la vida de sus ciudadanos. Pero también hay responsabilidad ciudadana, asumiendo el compromiso indeclinable de no volver a votar por ladrones. Ya es hora de dejar de premiar al clientelismo con el voto. No más elegir al que más dinero reparte en campaña, al que más fiestas organiza o al que hace más promesas vacías. Se necesitan líderes que pongan el interés colectivo por encima del negocio personal.
Hay que reorganizar el departamento con base en prioridades reales: agua, salud, nutrición, educación, empleo digno y vías. Solo así La Guajira saldrá de este ciclo de muerte, corrupción e impunidad. Y eso empieza eligiendo con criterio, exigiendo rendición de cuentas y no callar nunca más.
La Guajira no necesita caridad, necesita justicia. Y esa justicia empieza ahora. No más silencio. No más excusas. No más negocios con el hambre de la gente
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
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