A veces uno lee ciertos textos críticos y queda con la sensación de que el autor se quedó más cómodo en la queja que en la responsabilidad de aportar. Eso me pasó con el documento que Rafael Franco Ruíz presentó después de la audiencia pública llevada a cabo el pasado 2 de diciembre en la comisión sexta de la Cámara de Representantes.
Conozco al colega Franco Ruíz desde el año 1995 cuando lo llevó el doctor Edgar Fernando Nieto Sánchez a la Dirección General de Contabilidad Pública (hoy Contaduría General de la Nación) para que le expusiera sus opiniones a los funcionarios que en ese momento estábamos desarrollando el Plan General de Contabilidad Pública (hoy Régimen de Contabilidad Pública) y desde ese año tiene el mismo discurso de la contabilidad, auditoría y contaduría pública. Desde entonces lo he admirado como colega, pero no evoluciona.
En este caso, Franco Ruíz intenta hacer una crítica profunda al proyecto de ley 345, pero termina atrapado en el mismo discurso que, más que alumbrar caminos, repite ideas que no ayudan a resolver los problemas que de verdad están golpeando a la contaduría pública en Colombia. Su narración mezcla opiniones válidas con una especie de confesión ideológica que, por la forma en que está escrita, pierde fuerza y no termina de convencer.
El mayor vacío del texto de Franco es la falta absoluta de propuestas. Nada. Ni una alternativa concreta, ni un articulado distinto, ni una ruta conceptual que sirva para iniciar un debate serio. Es un señalamiento tras otro: que el proyecto es antidemocrático, que lo hicieron a puerta cerrada, que las grandes firmas lo manipulan, que hay dependencia epistemológica. Pero, en la práctica, no construye nada. Y eso es grave porque los problemas de la profesión son reales y no se arreglan con un listado de sospechas: los jóvenes ya no se interesan por estudiar contaduría, hay competencia desleal por todos lados, los programas universitarios envejecieron mal, la tecnología va diez pasos adelante del ejercicio profesional, y la distancia entre lo que se enseña y lo que el mercado exige pareciera crecer cada año.
El proyecto 345, con todo lo que pueda discutirse sobre su origen, sí pone sobre la mesa mecanismos concretos: acreditación periódica, competencias verificables, incorporación seria de tecnología, diferenciación de perfiles. ¿Perfecto? No. ¿Mejor que nada? De lejos. Franco, en cambio, no ofrece una sola idea aterrizable.
Y hay algo que me llamó la atención: su crítica obsesiva a la “falta de democracia” en la construcción del proyecto. Él habla de manipulación, de disciplina interna, de un proceso amañado… pero al mismo tiempo reconoce que participó en dos comités y que pudo presentar propuestas. Luego, como no se las adoptaron, decidió renunciar y ahora lo presenta como una especie de prueba irrefutable de la conspiración. En cualquier proceso deliberativo, alguien gana el debate y alguien no: eso no lo convierte automáticamente en un fraude. La responsabilidad de quien se considera experto no es irse dando un portazo, sino quedarse y seguir dando la pelea —o, si de verdad cree que el proceso no tiene arreglo, presentar a tiempo las pruebas de sus objeciones y las propuestas alternativas. Él no hizo ni lo uno ni lo otro.
También insiste en que la “verdadera” confesión de origen del proyecto está en la supuesta alianza entre el INCP y las Cuatro Grandes. Pero no muestra evidencia. Nada más que afirmaciones amplias que suenan más a consigna que a análisis. Que las grandes firmas tienen influencia en la educación y en la regulación—eso es cierto; pasa en todo el mundo. Pero afirmar que hay una conspiración diseñada para capturar el control del PIB colombiano es un salto argumental que, honestamente, él no sustenta. Y, para completar, el propio INCP ha expresado preocupaciones sobre el proyecto, lo cual desarma la idea de una coordinación oculta.
En esa misma línea, Franco desarrolla una reflexión sobre la “colonialidad del conocimiento” y la dependencia epistemológica. Conceptos interesantes, sí, pero totalmente desconectados de lo que se necesita en una reforma regulatoria. ¿Cómo sería exactamente una contaduría “descolonizada”? ¿Qué normas reemplazarían a las NIIF? ¿Cómo garantizaríamos comparabilidad financiera sin ellas? Él no responde. Lo mismo ocurre con su defensa de la experiencia como valor en sí mismo: la experiencia sin actualización puede ser peligrosa. Un profesional que no se renueva es un riesgo, no un patrimonio.
Sobre la audiencia pública, Franco dice que parecía un espectáculo armado, una puesta en escena para dar la sensación de apoyo mayoritario. Puede que algo de eso haya pasado, no sería la primera vez. Pero incluso si fuera cierto, el colega Franco tuvo oportunidad para que expusiera su visión en la audiencia. La pregunta es: ¿por qué no presentó propuestas concretas? Criticar la forma sin aprovechar el fondo es, cuando menos, incoherente.
También acusa al proyecto de ser “mercantilista”, “efímero”, “orientado al consumo rápido”. Pero no explica qué artículos del proyecto sustentan esas afirmaciones. Critica el énfasis en tecnología, aunque hoy ningún contador serio puede darse el lujo de ignorar la automatización, los datos o incluso blockchain. ¿Es eso mercantilismo? No parece. Y, si no le gusta esa ruta, ¿cuál propone? Tampoco lo dice.
Lo que más preocupa es esto: Franco reconoce los problemas reales de la profesión pero los envuelve en una narrativa de captura regulatoria que, por abstracta, no sirve para construir nada. Mientras tanto, la profesión sigue sin un sistema de acreditación actualizado, los jóvenes se siguen alejando, la academia sigue desfasada, y los contadores enfrentan un mercado que cambia sin que nadie les ayude a adaptarse.
Con sus defectos, el proyecto 345 por lo menos intenta responder a esa urgencia. Franco, en cambio, propone esperar a una “política de masas” que algún día produzca un modelo alternativo. ¿Y mientras tanto qué? ¿Cuántas generaciones más de contadores deben trabajar sin herramientas claras?
Al final, su documento se queda en una crítica que suena fuerte pero aporta poco. Un análisis serio habría señalado los errores reales del proyecto, habría propuesto enmiendas, habría sugerido mejores procesos participativos, habría ofrecido alternativas institucionales viables. Pero no lo hizo.
La profesión necesita cambios. El proyecto puede no ser perfecto, pero es una base. La crítica es necesaria, claro, pero solo cuando ayuda a construir. Si no, se convierte en otra forma de sostener el mismo problema que dice combatir. Y mientras los críticos no presenten propuestas reales, sus discursos seguirán pareciendo eso: una verborrea política elegante, pero incapaz de mover un milímetro la realidad de la contaduría pública en Colombia.
En conclusión, el documento de Rafael Franco Ruiz es un ejemplo de lo que sucede cuando el rigor crítico se sustituye por la declamación política, cuando la responsabilidad de proponer se abandona por la comodidad de denunciar, y cuando la pasión ideológica nubla la precisión conceptual. Tiene observaciones válidas sobre el proceso de construcción del proyecto, pero las instrumentaliza para una narrativa conspirativa que no aporta ni una sola solución institucional viable.
Considero que un análisis crítico responsable habría hecho lo siguiente: 1) Identificar los déficits reales del proyecto con precisión técnica; 2) Proponer enmiendas específicas con articulado alternativo; 3) Sugerir mejoras procesales para futuras reformas; 4) Reconocer los problemas urgentes que la reforma intenta resolver, aunque sea imperfectamente; y 5) Ofrecer visiones alternativas con viabilidad institucional.
Pero Franco únicamente ha hecho todo lo contrario: diagnósticos sin remedio, denuncia sin construcción, y una retórica que, aunque elegante en lugares, adolece de la sustancia que exige la discusión de políticas públicas.
Comentarios recientes