Por años he seguido de cerca la gestión de la Contaduría General de la Nación (CGN), convencido de que su labor es, sin exagerar, uno de los pilares de la transparencia y la confianza en la administración pública de Colombia.
Sin embargo, el reciente inventario de hallazgos sobre la administración de su mayor patrimonio —la información contable consolidada de las entidades públicas— me obliga a alzar la voz…
Si la Contaduría General de la Nación es la entidad aglutinante de la información financiera pública, no se entiende cómo fiscaliza o cómo no detecta las desviaciones y prácticas corruptas de los entes públicos? Acaso no existen o tienen contadores públicos para que analicen los sobrecostos, la re-contratación de la Ley 80 o adiciones presupuestales, la inoportunidad de los resultados y las demoras de ejecución de los presupuestos y planes de desarrollo municipales, departamentales, y la pérdida de los recursos públicos en diferentes vericuetos del despilfarro, como de los elefantes blancos? Se le debe dotar al Contador donde se desempeñe, de herramientras y que se restaure la fé pública de la profesion.