Escuché recientemente el testimonio de un líder social del sur de La Guajira que ha vivido desde adentro el cansancio colectivo de un territorio que, pese a su inmensa riqueza energética, minera, cultural y humana, continúa padeciendo carencias que no deberían existir: nadie quiere los paros, pero la gente ya no encuentra otra forma de ser escuchada.
Esa es la tragedia de La Guajira. Cada bloqueo se presenta ante el país como una alteración del orden público, como una molestia para el transporte, el comercio o la movilidad. Pero muy pocas veces se observa lo que antecede: comunidades sin agua potable, barrios sin gas domiciliario, fallas permanentes de energía, vías deterioradas, instituciones débiles, promesas incumplidas y recursos públicos que parecen evaporarse antes de llegar a quienes los necesitan.
La protesta no nace de la comodidad. Nace del abandono.
Yo no celebro los bloqueos. Sería irresponsable ignorar el daño que producen: afecta a los pequeños comerciantes, a los hoteles, a las estaciones de servicio, al transporte de alimentos, a los trabajadores que viven del ingreso diario y a las mismas comunidades que protestan. Nos castiga a todos. Pero tampoco puedo aceptar la idea de que basta con condenar la protesta para resolver las causas que la producen.
El bloqueo es el síntoma. La enfermedad es mucho más profunda.
La Guajira ha entregado gas al país, carbón al mercado internacional y un potencial extraordinario para la transición energética. Se habla de parques eólicos, de hidrógeno verde, de interconexiones, de grandes inversiones y de desarrollo sostenible. Sin embargo, en numerosos sectores del departamento la energía sigue siendo inestable, costosa o inexistente. Resulta moralmente inadmisible que un territorio llamado a producir energía para Colombia y para el mundo tenga comunidades que viven con apagones, fluctuaciones que dañan electrodomésticos y negocios, y una prestación deficiente de un servicio esencial.
No se trata de exigir privilegios. Se trata de reclamar coherencia.
¿Cómo explicar que La Guajira aporte recursos estratégicos al país mientras muchas familias no cuentan con una red de gas, agua continua o energía confiable? ¿Cómo justificar que municipios vinculados a grandes proyectos extractivos o energéticos sigan enfrentando déficits básicos de infraestructura y servicios públicos? ¿En qué momento se normalizó que la riqueza salga del territorio, mientras las necesidades más elementales permanezcan dentro?
La respuesta no puede ser únicamente técnica, sino también política, ética e institucional.
Durante años, los gobiernos nacional, departamental y municipal han anunciado planes, inversiones, mesas de trabajo, compromisos y soluciones estructurales. Pero muchas veces esas palabras terminan archivadas entre actas, fotografías protocolarias y comunicados oficiales. La ciudadanía ya aprendió a desconfiar de las promesas que no tienen cronogramas verificables, presupuestos asegurados, responsables identificados y mecanismos reales de rendición de cuentas.
La indignación social no aparece de un día para otro. Sino que se acumula cuando una carretera solo es intervenida después de un paro; cuando el agua llega por carrotanque, si llega; cuando los apagones paralizan una tienda, una bomba de combustible, un hotel, un negocio familiar o una institución educativa; cuando una comunidad advierte durante meses o años que su situación es insostenible y nadie escucha. Se acumula también cuando la corrupción convierte los recursos públicos en una expectativa frustrada y no en una obra terminada.
Por eso afirmo que La Guajira es una bomba de tiempo. No porque su gente sea violenta ni porque la protesta sea una vocación cultural del departamento. Todo lo contrario: la mayoría de los guajiros quiere trabajar, emprender, estudiar, criar a sus hijos y vivir con dignidad. Lo que ocurre es que se está agotando la paciencia de comunidades que sienten que solo existen para el Estado cuando bloquean una vía, cuando hay una emergencia humanitaria o cuando se anuncia una inversión multimillonaria.
No podemos seguir administrando la crisis a punta de bloqueos y negociaciones de última hora. Cada vez que una comunidad paraliza una carretera para ser atendida, el Estado fracasa antes de sentarse a dialogar. Y cada vez que una mesa de concertación se instala únicamente después de la presión social, se envía un mensaje peligroso: que para obtener respuestas hay que llevar el conflicto al límite.
Ese no puede ser el modelo de relacionamiento entre el Estado y La Guajira.
Necesitamos una conversación seria, amplia y verificable entre Gobierno nacional, Gobernación, alcaldías, empresas prestadoras, sectores productivos, organizaciones sociales, autoridades étnicas, veedurías ciudadanas y órganos de control. Una instancia con compromisos concretos y públicos.
Esa conversación debe partir, por lo menos, de cinco asuntos inaplazables: 1) Garantizar agua potable y saneamiento básico como prioridad efectiva, no como promesa de campaña; 2) Estabilizar y ampliar el servicio de energía, con inversiones en redes, mantenimiento, calidad, cobertura y atención al usuario; 3) Llevar gas domiciliario a las comunidades que, paradójicamente, viven en un departamento que aporta gas al país; 4) Ejecutar infraestructura vial con transparencia, supervisión técnica y seguimiento ciudadano; y 5) Investigar y sancionar cualquier forma de corrupción, negligencia administrativa o desviación de recursos destinados a resolver necesidades básicas.
También es necesario decirlo con franqueza: el derecho a la protesta no elimina el deber ciudadano de proteger la vida, la movilidad, el abastecimiento y los derechos de terceros. Pero exigir responsabilidad a las comunidades sin exigirla primero a quienes administran el presupuesto público es hipocresía institucional.
Yo comparto la preocupación de quienes advierten que La Guajira no resiste más indiferencia. No se puede pedir calma indefinidamente a una población que convive con la precariedad mientras observa cómo se anuncian grandes negocios, grandes proyectos y grandes discursos sobre el futuro energético del país.
La Guajira no necesita que la estigmaticen por protestar. Necesita que la escuchen antes de que vuelva a explotar la inconformidad. Porque cuando el Estado llega tarde, cuando la corrupción se vuelve rutina y cuando las necesidades básicas se aplazan una y otra vez, no se administra un departamento: se alimenta una bomba de tiempo.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR
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