Me metí a fondo en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el Balance General de la Hacienda Pública 2025, y salí con una sensación agridulce. Por un lado, hay un trabajo técnico serio, con cifras precisas, hallazgos bien documentados y una transparencia notable en la publicación de anexos. Por otro, hay un silencio incómodo: la Contraloría vio problemas graves, los describió con lujo de detalle, y aun así concluyó que nada de eso alcanzó «el nivel de generalización» necesario para poner en duda el conjunto del balance nacional. Y ahí es donde algo no termina de cerrar.
Vamos a los números, porque son elocuentes. De los activos que la Contraloría auditó a nivel individual en todo el país, más de una tercera parte —cerca de 425 billones de pesos— recibió una opinión distinta a «sin salvedades». En el caso puntual de las entidades de gobierno, dos de cada tres terminaron con salvedades, opinión negativa o abstención. Y si uno mira el control interno financiero de las 147 entidades auditadas, casi seis de cada diez fueron calificadas con deficiencias o como directamente ineficientes. Con ese panorama, cualquier contador que haya pasado por una auditoría sabe que «no generalizado» es una frase que hay que sostener con mucho cuidado.
El caso que más me inquietó fue el del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el FOMAG. Ahí se identificó una reclasificación de casi 600 mil millones de pesos que salieron del pasivo y terminaron en cuentas de orden, sin el soporte que permitiera saber exactamente de qué casos se trataba. En términos sencillos: obligaciones que ya eran ciertas y exigibles se maquillaron como si fueran solo eventuales. La Contraloría lo calificó como opinión negativa, e hizo bien, pero ese hallazgo por sí solo debería encender más alarmas de las que parece haber encendido.
Después está la UGPP, con casi un billón de pesos en contingencias que la Contraloría ni siquiera pudo verificar, por fallas persistentes entre los sistemas eKOGUI y TEMIS. Y Ecopetrol, donde se encontraron 321 registros de personas fallecidas que seguían apareciendo como activas en el censo utilizado para calcular las obligaciones pensionales. Ninguno de estos casos es un error de digitación. Son señales de que los sistemas de información del Estado todavía no se hablan entre sí como deberían, y de que la depuración de bases de datos sigue siendo una tarea pendiente en entidades de primer orden.
Lo que más me llama la atención, desde mi lugar como analista de gobernanza, es que la Contraloría aplicó correctamente su metodología: un umbral de materialidad del 15% sobre el agregado nacional. El problema no es que mienta con los números, es que ese umbral, tan amplio, termina diluyendo hallazgos que a nivel de una sola entidad son enormes, hasta volverlos casi invisibles en el balance consolidado del país. Es un poco como evaluar la salud de un cuerpo entero y no preocuparse porque un órgano esté fallando, mientras el promedio general se vea aceptable.
Y aquí quiero ser justo: no le estoy pidiendo a la Contraloría que invente un escándalo donde no lo hay. Le estoy pidiendo que use su enorme capacidad técnica —que sí tiene, y que quedó demostrada en este informe— para contarle al Congreso una historia más completa. No basta con anexar cuadros extensos de opiniones y patrimonios negativos si después, en las conclusiones, todo eso se resume en una frase que suaviza el mensaje. El Congreso necesita entender el riesgo, no solo tener acceso a los datos que lo contienen.
Y llego a lo que creo que es la oportunidad real detrás de todo esto. Estamos en un momento de cambio de gobierno, y eso no tiene por qué ser solo una fuente de incertidumbre. También es la ventana más propicia para que la Contaduría General de la Nación haga un replanteamiento de su forma de dialogar con la Contraloría y con el país. Un nuevo gobierno trae la posibilidad de renovar liderazgos técnicos, actualizar metodologías de consolidación y, sobre todo, exigir que la información contable del Estado deje de hablarse en dos idiomas distintos: uno para los expertos que leen los anexos, y otro, más plano, para quienes toman las decisiones políticas.
La comunidad contable colombiana tiene aquí un papel que no puede quedarse en la crítica desde afuera. Nos corresponde insistir en que la próxima administración entienda la contabilidad pública no como un trámite de cierre de año, sino como la base real sobre la que se sostiene —o se tambalea— la confianza en las finanzas del Estado. Los números ya hablaron con suficiente claridad. La pregunta es si alguien, en el poder que viene, está dispuesto a escucharlos de verdad.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR
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