El Consejo de Estado condenó a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal de San Isidro de Chichimene a resarcir a Ecopetrol por los perjuicios de un bloqueo que paralizó una estación en Acacías, Meta. Y esa decisión golpea directamente la puerta de mi departamento: La Guajira.
El alto tribunal no discutió si existía o no derecho a la protesta, sino que la reafirmó como garantía constitucional del artículo 37 y trazó, con bisturí jurídico, la línea que separa la protesta legítima del abuso lucrativo del bloqueo. Y en ese trazo quedan retratados quienes, desde La Guajira, sufren cada semana una vía cerrada, mientras unos pocos «líderes» cobran por levantar lo que ellos mismos organizan para presionar.
El Consejo de Estado fue enfático: la protesta pierde su blindaje constitucional cuando deja de ser pacífica y se convierte en vía de hecho que impide el ejercicio de derechos ajenos, como la propiedad privada o la libre locomoción. El componente «pacífico» no solo es ausencia de armas, sino ausencia de violencia y de fines ilícitos; no puede haber manifestación cuyo objeto sea la afectación de otros derechos como la propiedad o la integridad. Quien ejerce una facultad legítima apartándose de su función social compromete su responsabilidad civil.
El Consejo de Estado demostró que convirtieron una huelga de hambre en una toma de hecho y declaró la responsabilidad solidaria de la organización comunitaria y de su representante, ordenando indemnizar a Ecopetrol.
¿Suena parecido a lo que ocurre en las vías de La Guajira y en el corredor férreo hacia Puerto Bolívar? Cerrejón transporta el carbón que exporta el país por ese mismo trazado, hoy rehén de bloqueos permanentes por razones que cambian cada semana: unas veces son reivindicaciones étnicas legítimas, otras veces son negociaciones de cupos laborales, contratos de transporte o simples «peajes informales» que, para algunos «gestores comunitarios», se han convertido en su fuente de ingresos fijos.
Seamos honestos. En La Guajira no faltan razones estructurales de fondo para protestar: pobreza, abandono estatal, falta de agua, necesidades de las comunidades wayuu y afro. Son razones reales que no voy a negar jamás, porque sería una traición a mi idiosincrasia. Pero una cosa es tener razón y otra muy distinta es convertir esa razón en secuestro económico de todo un departamento.
Cada bloqueo detiene ambulancias, mercancías, alimentos, estudiantes, trabajadores y reduce las regalías que le corresponden a La Guajira. Es decir, quienes bloquean terminan empobreciendo a la misma comunidad que dicen defender. El daño golpea al vecino, al taxista, al comerciante, al niño que no llega al hospital porque la vía está cerrada.
Y mientras la gente sufre, los «falsos líderes» que llevan años promoviendo el cese de actividades como su carrera profesional, negocian en la sombra el levantamiento del bloqueo a cambio de contratos, cupos o dinero en efectivo. Eso no es liderazgo social. La sentencia del Consejo de Estado, al fijar responsabilidad civil solidaria para el individuo y la organización que lo respalda, manda un mensaje a La Guajira: ya no basta con decir «yo represento a la comunidad» para eludir la cuenta de cobro.
No estoy pidiendo que se callen las voces guajiras sino que se transformen. La protesta legítima tiene varios caminos: paros cívicos pacíficos con vocería técnica, mesas de negociación con plazos y compromisos verificables, veedurías ciudadanas sobre la inversión de regalías, movilizaciones simbólicas, denuncias públicas documentadas, alianzas con medios y organismos de control. Ser creativos en la protesta no es debilitarla sino hacerla más eficaz y, sobre todo, más digna, porque deja de depender de la extorsión y empieza a depender de la razón.
En La Guajira tenemos la oportunidad histórica de leer esta sentencia no como una amenaza, sino como un espejo. Podemos seguir permitiendo que unos pocos vivan del bloqueo mientras el departamento se hunde en el atraso, o podemos exigir que la protesta vuelva a ser lo que debe ser: la voz legítima de un pueblo cansado, no el negocio privado de quienes se han apropiado de su dolor para lucrarse.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR
Y también exigíamos las grabaciones del operativo reciente…. 👀 👀🙏🏼
Se tenía que decir y se dijo.!!!!
#oTodosenLaCama…
Carpa Translúcida. 🎪 🎪 🤡 🤡 🎪 🎪 🎪 🎪 🎪 🎪
A lo largo de las últimas dos décadas, La Guajira ha dejado de ser una periferia geográfica para convertirse en el epicentro de una de las contradicciones morales más agudas del Estado contemporáneo. En este territorio, la abundancia de recursos contrasta drásticamente con una precariedad que ya no puede explicarse como una simple ausencia de gestión. Se trata de un abandono estructural sistemático, donde el ejercicio de la política tradicional ha operado con la lógica de un tablero cíclico, activo únicamente en vísperas electorales y profundamente silente en la cotidianidad del desierto.
El primer síntoma de este fenómeno es la teatralidad del liderazgo. En las dinámicas del departamento, es frecuente el endiosamiento de figuras de la política tradicional que se autoperciben como estrategas infalibles de la región. Sin embargo, cuando el juego se reduce a mover fichas burocráticas para perpetuar castas y asegurar feudos electorales cada cuatro años, la estrategia deja de ser un espacio de inteligencia para transformarse en un mecanismo de control. Este ejercicio no busca el desarrollo, sino la administración controlada de la escasez. Quienes se jactan de su destreza táctica parecen olvidar que, detrás de sus movimientos calculados, las consecuencias se miden en vidas humanas, en el marchitamiento de la infancia y en la erosión de la dignidad de las comunidades que asisten, como espectadoras forzosas, a una función que se repite de manera idéntica en cada periodo legislativo.
Esta desconexión no es exclusiva de las élites locales; se alimenta de la indolencia del centralismo y las contradicciones gubernamentales. Mientras altos funcionarios transitan en medio de séquitos nacionales y asisten a foros costosos en capitales vecinas, las soluciones propuestas desde los escritorios estatales rozan el absurdo moral. Sugerir alternativas comerciales en sectores empobrecidos que carecen del elemento vital más básico —el agua potable— no es solo un error de planificación; es una manifestación de la anestesia ética que impera en los pasillos del poder central. La narrativa oficial suele recurrir al sentimentalismo y a la exaltación de historias de salvación personal para desviar la atención de las deficiencias del sistema. Sin embargo, la mitificación de las figuras gubernamentales no logra ocultar la ineficacia de un Congreso percibido a menudo como un escenario de confrontaciones estériles y de un Ejecutivo cuestionado por sus prioridades.
El contraste más doloroso de esta realidad se manifiesta en la fractura social interna del departamento. Coexisten dos mundos paralelos: una minoría que desfila con opulencia, exhibiendo los privilegios derivados de la intermediación de recursos públicos, frente a una mayoría que sobrevive consumiendo agua insalubre. Esta asimetría genera aluviones de grandeza en ciertos sectores de la sociedad local que celebran el estatus individual mientras ignoran la catástrofe colectiva. Es un «sálvese quien pueda» institucionalizado, donde el éxito se mide por la capacidad de habitar una burbuja climatizada, de espaldas al polvo y a la sed del entorno.
Finalmente, es imperativo señalar que la carpa de este circo político es translúcida. Aunque las estructuras de poder operen bajo el supuesto de que la ciudadanía padece una amnesia permanente o una sumisión absoluta, la realidad es que existe una mirada colectiva implacable. El silencio actual de las comunidades no debe confundirse con ignorancia ni con complicidad; es la distancia analítica de quien observa, escucha y traduce cada discurso, cada promesa vacía y cada desfile de vanidades. Los líderes que hoy se sienten seguros bajo el amparo de sus redes de influencia deben saber que están siendo minuciosamente observados. La historia y la conciencia social actúan como un tribunal lento pero inexorable, capaz de desmantelar los mesianismos de papel y revelar que, detrás de la puesta en escena, solo queda el vacío de una gestión que le falló a su propio pueblo.
🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡
—¿Qué horas son, soldado? —preguntó el general.—Las que usted ordene, mi general —respondió el centinela.
🎪👎🏼
Si Carlos Robles «Kaloy», considerado por muchos como el rector más exitoso en la historia de Uniguajira por logros como la acreditación de alta calidad y el programa de Medicina, puede ser llamado a investigación, esto abre un debate profundo sobre el control institucional en el departamento. Si la lupa de las autoridades empieza formalmente por la cabeza de la academia, es inevitable preguntarse qué pasará con el resto de los sectores e instituciones que vienen atrás. Más allá de las valoraciones judiciales que corresponden estrictamente a los jueces, es innegable el impacto y la expectativa que este proceso genera en la opinión pública de La Guajira.
Divino nuestro presidente cantando 😉 Lunaaaaa Sanjuaneraaaaa. Se le nota cuando fue corista de villazön dicen que era estupendo 🙏❤️ en esa vieja faceta 💃🏻