Nadie discute que Colombia debe prepararse para enfrentar el fenómeno de El Niño. Ahorrar energía es una responsabilidad colectiva, especialmente cuando la sequía amenaza los embalses y aumenta el riesgo de desabastecimiento. En eso comparto la necesidad de anticiparnos. Mi preocupación comienza cuando las medidas adoptadas para proteger el sistema eléctrico terminan trasladando nuevas cargas económicas a quienes cumplimos con pagar nuestras facturas.
El Gobierno puso en marcha el Plan Energía YA y la CREG expidió la Resolución 101 120 de 2026. El mecanismo parece sencillo: cada usuario tiene una meta individual de consumo; quien ahorre recibe un beneficio y quien supere su meta en más del 10 % asumirá un cobro adicional. Hasta ahí, la teoría parece razonable. El problema comienza cuando esa teoría llega al Caribe.
¿Cómo explicarle a una familia de Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta o Riohacha que debe reducir el uso del ventilador o del aire acondicionado cuando afuera hay temperaturas cercanas a los 35 grados y una sensación térmica todavía mayor?
En el Caribe, una parte importante del consumo eléctrico no es un lujo sino consecuencia del clima. Ahorrar un kilovatio en Bogotá no representa el mismo esfuerzo que ahorrarlo en Magangué o Fundación.
La Resolución de la CREG contempla el consumo histórico y un mínimo de subsistencia que varía según la altitud. Reconozco esas medidas, pero considero que no resuelven las necesidades ocasionadas por temperaturas extraordinarias. Una familia no puede apagar el calor por disposición administrativa.
Por eso acudí al Consejo de Estado y presenté una demanda de nulidad contra la Resolución CREG y solicité la suspensión provisional. No discuto la necesidad de ahorrar energía ni desconozco las facultades regulatorias de la CREG. Mi cuestionamiento es estrictamente jurídico: aunque el dinero recaudado alimenta una bolsa destinada a reconocerles beneficios a quienes ahorren, ¿puede una autoridad administrativa crear un cobro obligatorio que ella misma declara que no forma parte de la tarifa ni constituye contraprestación por el servicio?
El Consejo de Estado debe determinar si existe autorización legislativa suficiente para imponer esa obligación patrimonial y si el mecanismo respeta el artículo 148 de la Ley 142, que establece garantías sobre los conceptos que pueden cobrarse en las facturas.
No soy abogado. Soy un ciudadano que paga la energía que consume en Bogotá, donde resido, y también la de Montería, donde vive mi hijo Jorge Camilo, un angelito de apenas tres años que ya ha sentido lo que significa soportar temperaturas cercanas a los 40 grados. No es lo mismo consumir energía en Montería, prácticamente al nivel del mar, que hacerlo en Bogotá, a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Esa diferencia merece algo más que una fórmula matemática.
Las pérdidas de energía son otra discusión que tampoco podemos esconder debajo de la alfombra. Durante años hemos hablado de conexiones ilegales, manipulación de medidores y usuarios que consumen electricidad sin pagarla. Si le exigen esfuerzos adicionales al ciudadano cumplido, también deben exigir resultados concretos contra el fraude en todos los estratos. El robo de energía no es patrimonio exclusivo de los barrios pobres. Quien manipula una conexión, cualquiera que sea su condición económica, perjudica a quienes pagan cumplidamente las facturas.
Afinia y Air-e también deben asumir su responsabilidad. No resulta razonable pedir ahorro, paciencia y pago oportuno mientras persisten interrupciones y fluctuaciones de voltaje que afectan los electrodomésticos. La SuperServicios debe fortalecer la vigilancia y el Gobierno debe cumplir sus compromisos de mejoramiento del servicio.
El Plan Energía YA no puede convertirse solo en una campaña para decirle al ciudadano que consuma menos, sino que debe acompañarse de inversiones, reducción de pérdidas, mejoramiento de redes y medidas que reconozcan las particularidades regionales.
No pretendo que el Consejo de Estado sustituya a los técnicos ni que Colombia renuncie a prepararse para El Niño. Lo que solicito es examinar la legalidad del cobro y los límites de las facultades de la CREG. La decisión le corresponde a la justicia.
Estoy dispuesto a ahorrar energía y pagar lo que consumo. También considero legítimo exigir que las autoridades respeten la ley y que las empresas respondan por el servicio que prestan. Si el esfuerzo debe ser de todos, la responsabilidad también tiene que ser de todos.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR
Firmes por la patria! 🇨🇴 ¿Cuál patria? ¡La patria boba! 🤡 Juanito, aparecieron las llaves hoy mismo 🔑 jajaja. ¡La Guajira y su circo! 🎪
Los malandrines a la calle a seguir con sus faenas y la ciencia, presa. Excelente .!!!!
¿Alguien más se ha tomado el tiempo de analizar la perfección de las fotos que vemos hoy en redes? El otro día vi una imagen hermosa, regia, impecable sobre alguien en un congreso de una temática que me interesa….pero como buen observador, me puse a detallarla. Había algo raro: una quietud artificial, una estética que rozaba lo irreal y un letrero de fondo completamente genérico, sin datos reales de ningún congreso auténtico.
Es increíble cómo muchas figuras públicas e influencers ya usan IA de altísima definición para simular eventos enteros, charlas motivacionales y trayectorias profesionales que jamás ocurrieron. Te muestran un auditorio lleno mirándolos al frente, proyectando una experiencia y una autoridad completamente ficticias. Esto es peligrosísimo.
El peligro real no es la tecnología, sino la ilusión y el engaño que genera. Estamos educando a los jóvenes en un mundo de expectativas falsas, donde el éxito se programa en una pantalla y las vidas idílicas son simuladas. Aprendamos a observar el detalle: la iluminación perfecta, la falta de datos reales en los eventos, la textura plástica. ¡Mucho ojo con perder la capacidad de cuestionar la realidad que nos quieren vender! 🧠🛑
Si tuviera la oportunidad privilegiada de estar en la audiencia de la Corte Constitucional en Riohacha ( me es imposible vivo en Canadá 🇨🇦), me dirigiría al tribunal y al público en estos términos, como parte de la ciudadanía preocupada que ve con indignación cómo se malversan los recursos de los niños y niñas del país. Lo hago con respeto, pero con absoluta contundencia:
La historia de La Guajira está marcada por un choque sistemático entre el centralismo institucional y la territorialidad ancestral. Cuando ignoramos la gobernanza propia de las comunidades y su cosmovisión, convertimos los planes de asistencia en herramientas de asimilación cultural o de abandono. Al evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-302, me surgen estos interrogantes:
1 ¿Estamos midiendo el éxito estatal solo a través del gasto presupuestal y de actas firmadas, o estamos evaluando la autonomía real de las comunidades para gestionar su propia supervivencia en el desierto?
2.¿Por qué los programas de alimentación escolar persisten en imponer cadenas de suministro externas, alimentos ultraprocesados y lácteos de difícil conservación en un territorio sin infraestructura de refrigeración ni agua potable garantizada, en lugar de financiar y potenciar sistemas productivos locales, tradicionales y adaptados al ecosistema guajiro?
3.¿Cómo se explica que en la era de la inteligencia artificial, el blockchain y la trazabilidad de datos en tiempo real, los sistemas informáticos de las Secretarías de Educación y los entes de control fiscal sigan siendo ciegos ante las alertas de desvíos económicos, sobrecostos y rupturas en la cadena de frío de los insumos educativos? ¿La tecnología del Estado está diseñada para garantizar la transparencia o para sofisticar el papeleo que oculta la corrupción?
4.¿De qué manera las Secretarías de Educación están articulando el saber científico moderno con la pedagogía comunitaria y el uso del Wayuunaiki, cuando las propias plantas físicas de las escuelas carecen de las condiciones mínimas para la dignidad humana?
5.Termino dirigiéndome al público y a los representantes de las 25 entidades aquí reunidas: la crisis humanitaria en La Guajira no es un problema regional; es el síntoma de una fractura moral en la solidaridad social de toda la Nación colombiana. Declarar un ‘Estado de Cosas Inconstitucional’ desde el 2017 y seguir discutiendo casi una década después por qué los niños no tienen agua potable o salud extramural es una burla al Estado Social de Derecho. ¿Qué nos dice como sociedad el hecho de que hayamos normalizado la desnutrición y el riesgo de muerte de la niñez indígena como un paisaje cotidiano de la burocracia? Si esta audiencia técnica del 13 de octubre vuelve a cerrarse con promesas de planes estructurales a largo plazo mientras las rancherías siguen enterrando a sus hijos, ¿con qué legitimidad ética y política se sostendrán las instituciones de este país ante las futuras generaciones?
Declarar un «Estado de Cosas Inconstitucional» en La Guajira desde 2017 y seguir discutiendo casi una década después por qué los niños se intoxican o mueren por causas prevenibles, ¿qué nos dice como sociedad sobre la fractura moral de nuestras instituciones?
Muchas gracias por su amable atención.
Es una profunda contradicción discursiva autodenominarse defensor del territorio y, al mismo tiempo, cohonestar con la viabilidad de la Marina Multipropósito de Riohacha, un proyecto cuya arquitectura portuaria ignora los principios elementales de la dinámica litoral y la oceanografía física del Caribe colombiano. La introducción de estructuras rígidas artificiales, como los espolones proyectados y la dársena de abrigo, alterará de manera irreversible el transporte de sedimentos longshore (derivación litoral), lo que por física costera generará una severa erosión geomorfológica en las playas ubicadas «aguas abajo» debido al déficit de aporte sedimentario, fragmentando la línea de costa y destruyendo los frágiles ecosistemas bentónicos locales por el incremento crítico de la turbidez y la resuspensión de finos durante la fase de hincado de pilotes.
Peor aún, quienes defienden esto bajo el mito del desarrollo regional y la promesa demagógica de que el muelle traerá una masiva generación de empleos locales omiten deliberadamente los datos duros de la economía portuaria y la sostenibilidad fiscal. La tasa de sedimentación activa de la zona exige un dragado de mantenimiento periódico e indefinido para sostener el calado operativo. Considerando que el costo internacional por metro cúbico removido mediante dragas de succión en contratos tipo OPA oscila entre los $5 y $12 dólares, y que las corrientes locales demandarán remover cientos de miles de metros cúbicos anuales para evitar el aterramiento de la dársena, el costo de manutención se convertirá en un pasivo financiero multimillonario y perpetuo.
La retórica de los «puestos de trabajo» se desploma ante la realidad técnica: los empleos de la fase de construcción de esta obra de $36.000 millones son estrictamente temporales, informales y de bajo valor agregado, mientras que las plazas operativas especializadas suelen ser cubiertas por personal técnico foráneo, dejando para la región un impacto neto marginal. Ningún análisis serio de costo-beneficio puede respaldar una obra que no cuenta con un balance de masas sedimentarias sostenible y que, ante la inevitable insuficiencia fiscal del distrito para costear un dragado recurrente, devendrá en un elefante blanco sumergido, una trampa de lodo inoperativa y un detrimento patrimonial y ecológico financiado con recursos públicos. El verdadero riesgo supera con creces cualquier beneficio transitorio, convirtiendo este proyecto en una carga presupuestal permanente para el departamento a expensas de inversiones estructurales urgentes como el agua potable y el saneamiento básico que requiere La Guajira.
Es que con estos calores y tanto que NO querer ver en redes se recuerda uno que: ACOSAR SEXUALMENTE TAMBIÉN es violencia de género.
Lo bueno para el pavo debe ser bueno para la pava. O es que la violencia de género también depende del bando en que se de. Porque si es así recoja y vámonos.!!!
Qué belleza el folclor! En esta esquina de la península se aplaude más fuerte un verso afinado que una citación judicial. Nada como el ruido de un festival para asegurarse de que nadie escuche los gritos de los más vulnerables. Prioridades de nuestra cultura: primero el parrandón, después el código penal