En la madrugada del 20 de octubre, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones. Horas después llegó la mala noticia: Senado y Cámara habían votado distinto el artículo 65. Desde entonces se repite que “el presupuesto se hundió”. Esa conclusión es apresurada y, a mi juicio, equivocada.
Qué pasó. El artículo 65 trata de las coberturas que el Gobierno contrata para protegerse de las subidas y bajadas del petróleo, los combustibles y el dólar. En el Senado, el senador Juan Fernando Caicedo presentó una propuesta para modificarlo, pero la retiró. El Senado aprobó el artículo tal como venía. La Cámara, en cambio, lo votó con la propuesta incluida. Cuando las dos cámaras aprueban textos distintos, el artículo 161 de la Constitución ordena una comisión de conciliación que los unifique. Nadie lo notó a tiempo y no hubo conciliación. El plazo para aprobar el presupuesto vencía esa misma medianoche.
¿Se cae todo? No. Aquí está lo que se ha dicho mal. Se afirma que el reglamento del Congreso, la Ley 5 de 1992, dispone que sin conciliación se hunde el proyecto entero. Su artículo 189 dice lo contrario: si la diferencia persiste, el proyecto se considera negado solo “en los artículos o disposiciones materia de discrepancia, siempre que no fueren fundamentales al sentido de la nueva ley”.
Un artículo sobre coberturas petroleras no es el corazón del presupuesto. El monto total, los ingresos y las partidas de cada entidad se aprobaron igual en las dos cámaras. Solo el artículo 65 quedó sin el acuerdo de ambas.
La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre esto. En la Sentencia C-055 de 1995 avaló el artículo 189 y concluyó que una discrepancia sobre dos artículos no afectaba la ley completa. En 2024, con el Plan Nacional de Desarrollo, la Sentencia C-448 corrigió solo los artículos con problemas de conciliación y mantuvo vigente el resto. Y desde la Sentencia C-737 de 2001 la Corte se pregunta si un error de trámite puede corregirse, antes que tumbar una ley entera.
El argumento contrario. Quienes dicen que todo se cayó invocan el artículo 348 de la Constitución y el artículo 59 del Decreto 111 de 1996. Según esas normas, si el Congreso no expide el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, rige el proyecto del Gobierno con los cambios del primer debate. Pero el Congreso sí aprobó el presupuesto antes de medianoche. Lo que no aprobó por igual fue una norma instrumental. Confundir una cosa con la otra es castigar al país entero por un error de oficina.
Qué está en juego. Si el Gobierno opta por el decreto, vuelve al texto de las comisiones económicas. Se perderían los cambios que hicieron las plenarias: recursos adicionales para salud, educación, Rama Judicial, Defensoría, Registraduría, Invías y subsidios de gas, entre otros. Recuperarlos exigiría una nueva ley de adición, con nuevas negociaciones y sin garantía de éxito.
Lo que debería hacerse: 1) Que los secretarios de Senado y Cámara certifiquen, con actas y videos, qué se votó exactamente; 2) Que se envíe a sanción el texto en el que ambas cámaras coincidieron, con constancia de que el artículo 65 se entiende negado, como manda el artículo 189 de la Ley 5; 3) Que el Presidente sancione. Si le llegan las dos versiones del artículo, puede objetarlo parcialmente por inconstitucional, y la discusión quedaría limitada a ese punto; 4) Que el Gobierno tramite el contenido del artículo 65 en otro proyecto de ley.
Lo que no se puede hacer es conciliar ahora, con el plazo vencido, ni “corregir” el texto con una fe de erratas. Ambas salidas crearían un vicio nuevo. Habrá quien demande la ley, y tendrá un año para hacerlo. La Corte dirá la última palabra. Pero su jurisprudencia apunta en una dirección clara: se cae el artículo, no el presupuesto.
La tentación del decreto existe, porque le devuelve al Gobierno el control sobre cómo repartir el gasto. A los ciudadanos nos corresponde vigilar que un error de trámite no termine borrando lo que decidieron nuestros representantes.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR
Anatomía del declive: del “infotenimiento” legislativo a la chambonada ambiental
Lo que presenciamos recientemente en las comisiones del Congreso no es una anécdota; es la degradación estructural de la política nacional. Pasamos de debates históricos de control civil (densos, respaldados en datos y rigor técnico) al espectáculo del “habitus” periférico y el folclor de tarima. Cuando un legislador sustituye la tecnocracia discursiva por el chiste regional y el modismo vernacular, rompe el capital simbólico de la institución. El resultado es elocuente: un recinto donde la audiencia se refugia en sus pantallas. Esa indiferencia digital no es distracción; es un mecanismo de evasión colectiva ante discursos que carecen de densidad legislativa. Hoy ya no se habla para convencer al adversario, sino para alimentar el algoritmo de las redes sociales.
Esta misma cultura de la ligereza migra con alarmante irresponsabilidad al desarrollo territorial. Existe una profunda analfabetización ambiental que pretende estructurar proyectos turísticos en ríos, lagos, mares y bosques bajo la absurda premisa de que intervenir un ecosistema estratégico es igual a construir en el centro de la ciudad. Diseñar infraestructura sin calcular la capacidad de carga ecosistémica, sin matrices de impacto ambiental (EIA) que prevean el manejo de vertimientos, y sin un enfoque integral de salud pública y medicina ocupacional, no es audacia empresarial: es una soberana chambonada.
El turismo de naturaleza sostenible es una ciencia de conservación que exige rigor científico; lo demás es simple depredación disfrazada de progreso local. La política y el territorio exigen datos, no carisma de parranda 🤡🎪👎🏻
Por cierto, ¿ ya el malecón de Riohacha cuenta con todos los permisos ambientales pertinentes para el caso?
La respuesta no es “Barranquillizar” todas las ciudades de Colombia.
Soy de Barranquilla, conozco su valor. Pero mi familia paterna es de Riohacha y también conozco el valor del Guajiro.
La verdadera transformación creativa de Riohacha no consiste en imitar los modelos de ciudades portuarias ricas con recursos que no se tienen, sino en edificar una economía basada en el talento de sus jóvenes, resolviendo primero los vacíos históricos de sus servicios e infraestructura fundamental:
El desempleo en jóvenes recién egresados se da porque los currículos académicos suelen estar desconectados de las realidades productivas locales. Riohacha necesita transicionar hacia proyectos de infraestructura social y sostenibilidad ambiental que demanden mano de obra calificada de inmediato.
• Vivienda, Agua Potable e Infraestructura Vial como Motor de Empleo: Las mayores necesidades de La Guajira son el agua potable, el saneamiento y la conectividad vial. Canalizar los recursos gubernamentales y el esquema de “Obras por Impuestos” para que empresas privadas ejecuten estos proyectos contratando obligatoriamente a jóvenes técnicos, tecnólogos e ingenieros civiles recién egresados de la región. Esto reactiva la economía local y dignifica el territorio.
• Programas Duales de “Última Milla”: Subvencionar el primer año de salario de los recién egresados mediante un fondo mixto (Estado-Empresa) bajo la condición de que las empresas locales provean mentoría e inserción directa al mercado laboral formal, rompiendo la barrera de “la falta de experiencia laboral”.
• Clúster de Energías Renovables y Sostenibilidad: Aprovechar el auge de los parques eólicos y solares en el departamento. El Distrito de Riohacha debe consolidar institutos técnicos dedicados exclusivamente a certificar a jóvenes en mantenimiento de paneles solares, turbinas eólicas, gestión ambiental y desalinización de agua. Los empleos del futuro para La Guajira están en la transición energética.
Gran parte de la fuerza laboral juvenil en La Guajira vive en la informalidad. Castigarla o ignorarla es un error económico masivo. Las cadenas de valor inclusivas formalizan los mercados desde abajo.
• Fondo de Garantías para el Emprendimiento Joven (Sin Politiquería): Crear un fondo fiduciario independiente, coadministrado por universidades locales (como la Universidad de La Guajira) y agencias multilaterales (PNUD o Banco Mundial), que entregue capital semilla no reembolsable y microcréditos a tasas justas basados en el mérito del proyecto y no en “padrinos políticos”.
• Ecosistema de “Turismo con Propósito”y Biocomercio: Riohacha posee una riqueza biocultural incalculable. La prioridad debe ser crear rutas operadas por jóvenes profesionales (administradores, biólogos, guías turísticos locales) que conecten la ciencia, el voluntariado internacional y el saber ancestral Wayuu, estructurando paquetes formales de alto valor en lugar de un turismo meramente contemplativo o informal.
• La Fábrica de Innovación Textil y de Diseño: Elevar las artesanías y el diseño local mediante centros de manufactura moderna combinados con técnicas tradicionales. Los jóvenes recién egresados de áreas administrativas y de diseño pueden encargarse de la internacionalización, logística y e-commerce de los productos de la región.
Más de la mitad del departamento sobrevive en el desespero y el hambre, y en algunos casos desafortunados hasta “vendiendo su juventud al mejor postor” les recuerdo:
-No hay muelle de lujo que pueda sostener el peso de una dignidad enterrada; gobernar no es maquillar el paisaje para el forastero mientras se marchita la vida del nativo, porque los pueblos no se reconstruyen con cemento sobre el agua, sino devolviéndole el futuro a las manos que por “algunos” insensatos se han empobrecido.
Excelente análisis, doctor Colmenares. Su columna nos recuerda la importancia de la rigurosidad frente a las interpretaciones ligeras. Lamentablemente, esa ligereza analítica y la falta de confianza en lo propio no son exclusivas del trámite legislativo en Bogotá; también se padecen en el territorio.
Es paradójico ver cómo algunos, con credenciales académicas ostentosas del sector privado y del exterior, pretenden debatir con aires de superioridad si Riohacha tiene el estatus o el valor de ser un Distrito, ciudad o pueblo. Dudan de la grandeza de su propia tierra en publicaciones públicas, pero el verdadero indicador de su arraigo se mide en privado.
Reniegan de la capacidad institucional de nuestra capital la guajira, ignorando (o prefiriendo omitir) que nuestra tierra cuenta con profesionales médicos de altísimo nivel, incluyendo a la mismísima vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Prefieren salir en desbandada ante cualquier urgencia febril hacia las clínicas de Barranquilla, demostrando que su orgullo de “pura cepa” es más un accesorio discursivo para redes sociales que una convicción real en la capacidad de nuestra gente y de nuestra ciencia local.
Al igual que con el presupuesto, confundir una falta de fe personal con la realidad de una institución o un territorio es un error de bulto. Quien no confía en los profesionales de su propia casa, difícilmente puede defender el valor de su tierra ante el país.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…
El progreso de La Guajira no se decreta a puerta cerrada; se construye con ciencia, comunidad y transparencia. 🌊🇨🇴
El anuncio de una marina multipropósito en Riohacha nos convoca a todos a una reflexión profunda, no desde el escepticismo ciego, sino desde el amor riguroso por nuestra tierra. Un proyecto de esta magnitud no puede nacer de la obsesión de unos pocos, sino del consenso técnico y social de un pueblo. Como guajiros y ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de elevar preguntas de fondo, esas que formularían la ciencia, la sociología y una visión de Estado madura:
• Desde la seguridad institucional y la sociología conductual: ¿Qué blindaje real tendrá este complejo para evitar que las dinámicas de criminalidad transnacional coarten la infraestructura, considerando los complejos antecedentes históricos y socioculturales de nuestra región? La supervisión estricta debe anteceder al cemento.
• Desde la oceanografía y la ecología: ¿Dónde están los estudios de impacto sobre una playa semivirgen que aún resiste a la erosión en comparación con zonas vecinas como Dibulla? ¿Quién asumirá la responsabilidad ante un daño morfológico irreversible? ¿Se contempla la privatización del espacio público para sostener la obra? La playa es un patrimonio colectivo, no una parcela gubernamental.
• Desde la viabilidad técnica y el turismo internacional: Con aguas de baja profundidad, ¿es viable y seguro un dragado constante para cruceros? ¿Qué tipo de turismo internacional llegará a una ciudad que perdió su Bandera Azul, que padece crisis crónicas en servicios públicos y cuyas rutas de conectividad terrestre enfrentan graves retos de orden público?
• Desde la visión política y la ética pública: ¿Por qué priorizar la infraestructura costera hacia afuera cuando la estructura social interna de la ciudad requiere atención urgente frente a décadas de abandono institucional?
La playa es del pueblo; no pertenece a un alcalde, a un gobernador ni a una asamblea. Los diputados y gobernantes tienen el mandato de socializar con datos duros, ciencia y debates abiertos los impactos positivos y negativos a corto, mediano y largo plazo.
Exigimos conocer los estudios de necesidad versus beneficio. Queremos desarrollo, claro que sí, pero un desarrollo con memoria, con sustento científico y donde la comunidad no sea una espectadora pasiva, sino la principal autora de su destino. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. ¡Abramos el debate con la rigurosidad que Riohacha merece! 💬👇
Es momento de plantear una duda legítima sobre lo que ocurre en La Guajira. No se trata de un caso, es una sucesión de eventos informáticos: el escándalo por la vulneración digital en la cuenta del alcalde de Manaure, los episodios de filtraciones en Villanueva ( Jorge Orozco) y el hackeo de la línea del congresista Juan Loreto Gómez. Cuando la tecnología se usa repetidamente para exponer, suplantar o sabotear exclusivamente a líderes políticos del departamento, la lógica dicta que el origen podría ser estrictamente político. ¿Quién tiene la capacidad y el interés de sostener este vandalismo digital solapado? Las autoridades deberían investigar esta preocupante cadena de coincidencias 🥺🤡
Y lo que pasó en el 2017 con el borrón y cuenta nueva??????????? 🤡🤣😱 Estoooo solo pasa en la vecindad del Chavo y en La Guajira…..Y la contraloria ni mu 👎🏻
Análisis de Fenomenología Criminal y Operaciones de Información (InfoOps) en La Guajira
Desde una perspectiva analítica y técnica de la seguridad digital, lo que viene ocurriendo en el departamento de La Guajira con diversas cuentas de actores políticos no parece responder a incidentes aislados de delincuencia común, sino a un patrón sistémico de «Sicariato Digital» y Guerra Psicológica. Un examen de los vectores de ataque y la narrativa posterior revela una metodología repetitiva que merece ser evaluada bajo la lupa de la ciberinteligencia.
1. El Vector de Ataque y la Coincidencia Temporal
La vulneración de la intimidad digital de líderes en Manaure a inicios de año, sumada a los reportes de intrusión de figuras como el exalcalde de Villanueva Jorge Juan Orozco —justo tras publicar análisis críticos sobre el PAE— y Juanlo Gómez, plantea una constante: el uso del hacking o la ingeniería social no para el beneficio económico directo (como la extorsión tradicional), sino como herramienta de neutralización política y daño reputacional. En la doctrina forense, cuando el timing (momento exacto) de un ataque cibernético coincide con el ejercicio de la crítica política, la hipótesis orientadora se desplaza del vandalismo digital hacia la censura coordinada.
2. Suplantación de Actores Armados como Estrategia de Disuasión
El aspecto más sofisticado e inquietante de este fenómeno es la aparición de pasquines y videos alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC / Clan del Golfo), muchos de los cuales ya han sido catalogados por las autoridades técnicas como falsos o generados mediante Inteligencia Artificial.
Desde el análisis de operaciones psicológicas, cabe hacerse la pregunta forense: ¿Por qué instrumentalizar la marca criminal de este grupo específico y no de otros con presencia en la región? La respuesta técnica apunta a la «economía del terror». Utilizar una franquicia criminal con alto impacto en la percepción de seguridad nacional maximiza el efecto de amedrentamiento sin necesidad de desplegar capacidad militar real. Si los videos son artificiales, no estamos ante una acción militar, sino ante una estrategia de manipulación de firmas criminales ejecutada por actores de cuello blanco o contratistas digitales con un profundo conocimiento del ecosistema político local, cuyo objetivo es el control social y territorial a través del pánico digital.
3. El Perfilamiento de las «Cuentas Fachada» (Bots y Trolls)
Cualquiera que analice las interacciones agresivas que inundan las redes tras una publicación política crítica, notará que los perfiles atacantes carecen de huella digital real. En la psicología criminal y el análisis de OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas), los dinamizadores de estas campañas operan bajo dos arquetipos de sobrecompensación para ocultar su identidad:
• La Fachada de Hiper-Inocencia: Perfiles restringidos que saturan sus cuentas con imágenes de contenido infantil, paisajes o un amor desmedido y proyectado por los animales (mascotas). Funciona como un mecanismo psicológico de neutralización: «Miren qué ser tan puro soy, es imposible que yo sea un agresor».
• La Estética de la Intimidación: El extremo opuesto; perfiles que adoptan simbología de hackers oscuros, figuras de cómics antagónicos (como Jack el Destripador o villanos de ficción) para infundir un temor subliminal en el receptor.
Conclusión del Análisis:
La Guajira parece estar siendo el laboratorio de una estructura técnica que domina la guerra digital y la guerra psicológica. Es imperativo que la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, no observe estos casos como simples «hackeos individuales», sino como una operación de información unificada.
(Nota de cierre para el lector atento: Quienes diseñan estas estrategias conocen muy bien el termómetro digital. Tengan la certeza de que este tipo de comentarios analíticos están siendo monitoreados activamente por los mismos elementos que configuran estas redes de control. La verdad también se lee entre líneas).
Construir una ceiba de metal por 380 millones de pesos en Villanueva no solo es un despropósito político; es una brutalidad técnica y de ingeniería urbana. Quienes defienden este proyecto demuestran un analfabetismo absoluto en planeación territorial moderna. Aquí las razones científicas y financieras por las que este contrato es un adefesio:
1. Atentado Bioclimático y Confort Térmico: El cobre y las aleaciones metálicas estructurales tienen una alta absortividad térmica y un bajo calor específico. En el clima de Villanueva, esta estructura actuará como un disipador de calor inverso. Absorbe la radiación solar durante todo el día y la libera continuamente al entorno, empeorando el microclima local (Efecto Isla de Calor). En lugar de urbanismo para la gente, están instalando una estufa pública de seis metros que irradiará calor a cualquiera que intente acercarse.
2. Negación de Servicios Ecosistémicos: Villanueva es un pulmón verde en La Guajira. Una ceiba natural ofrece de forma gratuita captura de CO₂, regulación de humedad por evapotranspiración, sombra real y filtración de material particulado. Sustituir un organismo vivo por un esqueleto inerte de metal es un sinsentido ecológico. El urbanismo táctico moderno ordena el “co-diseño con la naturaleza”
: si se quiere homenajear a Escalona, se protege una ceiba real y se adecúa el espacio perimetral. Levantar chatarra donde la naturaleza ya te da el árbol vivo es un insulto al paisaje local.
3. Creación de un Pasivo Financiero Eterno: Un árbol nativo es autosostenible. Una estructura metálica expuesta a la intemperie tropical, la humedad y el choque térmico día/noche sufrirá fatiga de materiales y oxidación acelerada. Técnicamente, este monumento requiere mantenimiento preventivo anual especializado (sandblasting, recubrimientos anticorrosivos poliméricos y revisión de soldaduras). Le están dejando al municipio un gasto fijo eterno de mantenimiento, convirtiendo el espacio público en un drenaje de recursos que bien podrían ir a la red hospitalaria o al pago de los técnicos de enfermería.
4. Inversión Ineficiente del Gasto Público: En economía urbana, esto se llama un costo de oportunidad nefasto. Con 380 millones de pesos se financia el diseño e implementación de un Plan Maestro de Silvicultura Urbana para catalogar, proteger y sembrar miles de especies nativas en todo el municipio, garantizando sombra y agua para las próximas generaciones. Cambiar resiliencia climática por un monumento inerte es la prueba reina de una administración que prefiere el cemento y el metal que se pueden sobrefacturar, antes que el bienestar técnico del territorio.
El urbanismo del siglo XXI diseña soluciones basadas en la naturaleza, no réplicas artificiales costosas e inútiles. Hacer un árbol de metal en el municipio más verde de la región es una contradicción técnica insostenible. Menos contratos de chatarra y más rigor en la planeación. ¡Respeten el territorio!
Hoy en la entrevista en Viva FM Villanueva, me llamó fuertemente la atención el lenguaje corporal del gerente, y con todo respeto les comento:
En la gestión pública, la forma es fondo. Cuando el debate radial gira en torno a panfletos y al desplazamiento informal de auxiliares de enfermería, cada gesto cuenta. Más allá de las cifras y los argumentos técnicos que la gerencia fue a presentar en su réplica, la actitud no verbal ante los testimonios de los voceros comunitarios dejó un sinsabor en los oyentes. La ironía visual o gestual desestima el dolor ajeno y debilita la confianza institucional. Un funcionario en un cargo de tal sensibilidad debe recordar que la comunidad no busca confrontación defensiva, sino una escucha asertiva, humana y protectora.
Aunque se comprenda que las reacciones en vivo pueden ser producto de los nervios o la tensión del momento, emitir risas o ademanes de incredulidad mientras un líder comunitario expone el sentir de la comunidad puede ser percibido por la audiencia como una falta de empatía.
Es hora de que la ingeniería civil y la planificación pública en nuestra región dejen atrás el complejo de superioridad del siglo XX. Seguimos empeñados en tirar cemento sobre el litoral, pretendiendo replicar la fórmula de los malecones fluviales en zonas de franca erosión costera. Es un error de base conceptual y física: la hidrodinámica de un río no tiene absolutamente nada que ver con la termodinámica y el tren de oleaje de un mar abierto. Un río fluye en un canal confinado; el mar es un sistema disipativo de alta energía. Tratar el litoral con la misma lógica con la que se interviene la ribera de un río es una negligencia científica.
Cuando construimos estas moles de obra gris sin estudios completos de impacto ni modelaciones costeras a largo plazo, no estamos mitigando nada; estamos alterando drásticamente el balance sedimentario. El cemento no frena la energía del mar, solo la traslada con mayor violencia hacia las playas vecinas. Pero el verdadero peligro invisible ocurre abajo, en la interfase agua-estructura. El uso de materiales inadecuados, rellenos deficientes y geotextiles sintéticos expuestos a la radiación UV y a la degradación mecánica del oleaje está inyectando toneladas de microplásticos y nanoplásticos directamente en la columna de agua.
Aquí es donde la infraestructura mal planificada se convierte en una crisis de salud pública. Esos polímeros liberan lixiviados químicos con un potencial demostrado de disrupción endocrina. ¿Qué pasa entonces con los fenómenos de bioacumulación en la fauna marina local? ¿Se han evaluado las alteraciones en la homeostasis de los organismos que componen la base de la cadena trófica de la cual se alimenta la población costera? Estamos envenenando silenciosamente la misma fuente de seguridad alimentaria de nuestras comunidades.
La gran paradoja científica, ambiental y social que debemos plantearnos hoy es esta: ¿A largo plazo, tener malecones mal construidos en zonas de erosión costera justifica el riesgo medioambiental y en salud para las poblaciones que consumen de esa alacena? La costa no necesita que la pavimenten; necesita que la entiendan.