He decidido continuar esta denuncia pública porque, lejos de desmentirme, los nuevos testimonios y documentos que he recibido confirman que en Uribia se ha montado un régimen de esclavitud moderna contra los docentes contratados. No es una exageración retórica: es un diagnóstico detallado, con oficios, contratos, planillas de pensiones y derechos de petición que muestran cómo se exprime hasta el último peso del trabajo de estos maestros. Mientras la administración municipal se esconde detrás de comunicados, la realidad en las escuelas es otra.
En Uribia tratan al docente contratado como si no hiciera parte del sistema educativo: es un “recurso humano” barato para que deje buenas utilidades, al que se le puede pagar un salario injusto, negarle prestaciones y someterlo a un trato indignante, con la chantajeante frase de que “debe cuidar el puesto y portarse bien”. ¿Qué es “portarse bien”? Es trabajar desde enero en las semanas de desarrollo, sin contrato y sin un solo peso de remuneración, porque la alcaldía permite que los contratos empiecen en febrero, a pesar de que el propio Decreto 2500 de 2010 ordena suscribirlos por todo el calendario escolar. La alcaldía visita los colegios, ve a los potenciales maestros trabajando en enero y aun así mira para otro lado.
Mientras tanto, esos mismos potenciales maestros deben endeudarse con gota a gota para pagar arriendo, alimentación y transporte, porque el primer pago del contrato llega, con suerte, entre finales de abril y comienzos de mayo. Es decir, cuatro o cinco meses viviendo de préstamos usureros para poder ir a trabajar a una escuela pública. Y cuando se atreven a preguntar por qué se atrasa el pago, ni la Unión Temporal ni la alcaldía dan una respuesta clara.
El saqueo no termina ahí: hay evidencias de hurto de prestaciones sociales, con meses completos sin pago a fondos de pensiones, y días laborados en diciembre que jamás se reconocieron, pese a derechos de petición formales exigiendo el pago y las certificaciones. No solo es salario paupérrimo; también es el incumplimiento sistemático de obligaciones mínimas de seguridad social. Si esto pasara en una empresa privada, ya hablaríamos de sanciones ejemplarizantes; pero como ocurre tras la cortina del “modelo etnoeducativo”, muchos prefieren guardar silencio.
En materia de carga académica, el abuso es igual de descarado. El Decreto 0277 de 2025 fija parámetros claros para la jornada de los docentes, pero en Uribia se entregan horarios de 26 horas o más, sin pago de horas extras. La excusa es que se abren nuevas extensiones de grado y “alguien tiene que cubrirlas”, mientras varios docentes nombrados, muchos de ellos familiares de líderes y de autoridades tradicionales, casi no pisan el aula y solo aparecen cuando hay visitas oficiales o toca tomarse la foto para el informe. El contratado termina haciendo el trabajo del ausente y del nuevo grupo, al precio de un solo salario de miseria.
Como si fuera poco, la extorsión está normalizada. Hay cobros para todo: gasolina, aval, construcción de salones, mejoras en la sede; cuotas que la comunidad y la autoridad tradicional exigen al maestro para permitirle seguir en la institución. Son gastos que, por ley, debería asumir la institución y el municipio, pero que en la práctica se cargan al bolsillo del docente contratado, bajo amenaza de no renovarle el contrato el año siguiente. El mensaje es claro: paga y calla, o vete.
La alcaldía se escuda en que la tipología de Uribia es de las más bajas del país y que el valor de la canasta no lo define el municipio sino la Nación. Pero convenientemente omite que es la administradora del Sistema General de Participaciones, responsable de gestionar mejor tipología, de transparentar cuánto recibe y cómo calcula los salarios, y de garantizar que los recursos lleguen a quien deben llegar: los niños y los docentes, no las roscas políticas. Hoy lo que existe es una pirámide donde en la punta están Uniones Temporales, autoridades tradicionales, algunos rectores y funcionarios, y en la base, acribillados, los docentes contratados.
Por todo esto, vuelvo a insistir: el modelo etnoeducativo en Uribia no es una reivindicación del pueblo wayuu, es un negocio montado sobre la explotación laboral de quienes enseñan. Un negocio que solo podrá desmontarse con una intervención decidida del Gobierno Nacional: una mesa intersectorial donde estén Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Personería, las Uniones Temporales y, sobre todo, los docentes contratados, para revisar contratos, flujo de recursos, cargas laborales y sancionar a quienes se están enriqueciendo con la miseria de los maestros.
La salida de fondo sigue siendo la misma que he defendido: la vinculación a planta de los docentes contratados como dinamizadores pedagógicos, en el marco del Decreto 1345 de 2023, bajo el principio constitucional de “a trabajo igual, salario igual” y con plena vigencia de la Constitución. Un Estado que permite que sus maestros vivan endeudados, extorsionados y silenciados, no garantiza educación: garantiza injusticia. Yo, por lo menos, no voy a ser cómplice de ese silencio.Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
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