Leí con detenimiento el plan de gobierno que Abelardo De La Espriella llama «Patria Milagro». Y precisamente el problema es la palabra «milagro» porque el candidato no presenta un plan de gobierno sino una lista de deseos que cualquier ciudadano de buena fe podría redactar, sin necesidad de formación técnica, sin experiencia institucional y, sobre todo, sin la obligación de responder por las consecuencias. “El Milagro de los Nunca” confunde gobernar con desear.
Tiene una aritmética imposible del «Estado recortado». Reducir el 40% del Estado y eliminar más de 700.000 cargos públicos suena categórico, sin tener un mercado laboral privado capaz de absorberlas, y con una tasa de informalidad que ya supera el 60% de la fuerza trabajadora. La promesa de que «la empresa privada creará esos empleos» es el típico acto de fe que no va acompañado de ningún mecanismo, incentivo ni cronograma concreto.
¿De dónde saldrán los recursos para construir diez megacárceles? Según el propio Ministerio de Justicia, cada cupo carcelario cuesta alrededor de $160 millones; 40.000 cupos nuevos representarían $6,4 billones. ¿Cuánto costarían entonces los cupos de diez megacárceles? El candidato dice que «los empresarios pondrán la plata porque el Estado no la tendrá». Es decir, reconoce que el Estado no puede financiarlo y delega la infraestructura penitenciaria a inversionistas privados bajo concesiones de 80 años. No es eficiencia sino la renuncia constitucional del Estado de derecho.
Promete erradicar 330.000 hectáreas de coca. Los datos hablan solos: entre 1994 y 2023, Colombia erradicó forzosamente 3 millones de hectáreas, sin que representara una solución al problema. Erradicar 330.000 hectáreas con fumigación y bombardeos, ignorando el desplazamiento forzado de comunidades campesinas, el daño ambiental y los señalamientos de violaciones a derechos humanos que ya generó esta política no es un plan de seguridad: es una consigna de campaña con uniforme técnico.
El candidato propone liderar el «Escudo de las Américas», la alianza antidroga de Trump que dejó a Colombia por fuera, junto a México y Brasil. Subirse a un tren que ya partió no es liderazgo internacional: es imaginería geopolítica.
De La Espriella califica la JEP de «bodrio» y promete eliminarla omitiendo que fue incorporada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, y su eliminación requiere otra reforma constitucional compleja. Pero además, su desmonte activaría la competencia de la Corte Penal Internacional afectando a miembros de la Fuerza Pública que se sometieron voluntariamente. Prometer eliminar la JEP es una promesa de campaña que el derecho colombiano y el derecho internacional hacen imposible cumplir sin consecuencias para el país.
En salud habla de un “plan choque” de $10 billones y auditorías internacionales; pero no explica cómo pagar o reestructurar ADRES, o qué se hará con los déficits que hoy impiden atención digna.
Proponer la educación «basada en la filosofía estoica», eliminando la llamada «educación ideologizada» es una paradoja. El estoicismo es una doctrina filosófica tan «ideologizada» como cualquier otra que predica la aceptación de lo que no puede controlarse y la resignación ante el destino. Lo que requiere la educación colombiana es inversión, cierre de brechas territoriales y maestros bien pagados, no un cambio de supuesta filosofía en el pensum.
El crecimiento del 6% es un número para el deseo, no para el análisis. La única vez que Colombia superó el 6% sostenido fue durante la primera década del siglo XXI, y en la recuperación postpandemia del 2021, que fue un rebote estadístico excepcional, no una política replicable. Alcanzar el 6% requiere reformas institucionales, inversión masiva en productividad, reducción efectiva de la informalidad y estabilidad macroeconómica duradera. Nada de eso se logra eliminando el 40% del Estado, expulsando a 700.000 empleados al mercado informal y generando incertidumbre jurídica con la eliminación de la JEP.
El Tigre ruge pero no calcula. No hay proyecciones fiscales, análisis de impacto, cronogramas de implementación: ¿cuánto cuesta?, ¿quién lo paga?, ¿en qué plazo?, ¿qué evidencia existe de que funcionará? Mientras esas preguntas no tengan respuesta, «Patria Milagro» seguirá siendo lo que su propio nombre sugiere: una política de fe. Y la fe no se discute, se profesa. Y en política, profesar sin demostrar no es liderazgo sino populismo con buenas intenciones.Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
Excelente artículo
Quedo atento al analisis de las propuestas de los otros candidadtos, que no quede un vacio como en nuestras normas y leyes.. Buen articulo desde el. Punto de vista crítico y respetuoso… Quedo atento a los proximos que no tarden. en miras de reflexiones a las proximas contiendas y poder educarnos mas
Solo los abogados super showman como Abelardo..tienden a mostrar un país con retrasos en conocimiento del manejo de las Finanzas públicas..es por esto que las finanzas estatales están mal calculadas las hacen Abogados oportunistas
Se evidencia el desconocimiento del funcionamiento del Estado y la articulación de los poderes públicos. Lo que propone es para un dictador y nuestro país no tiene esa vocación.
Excelente artículo.
Excelente análisis serio y real de lo que promete y es este candidato, ese tigre que siga en el monte, ni en los grandes circos lo haría bien y no dejaría de ser un peligro para esa masa grande de espectadores a nivel nacional.
Este tigre de papel solo es letra muda, letra muerta.
La idealización política que propone no es más que un decálogo de mentiras como en la paradoja de Epiménides; frases sin sentido y contradictorias profundas que no consultan la realidad económica.
Interesante y buenos sus comentarios, sería importante conocer su postura frente alas promesas de los demás candidatos
EXCELENTE ANALISIS EL TIGRE MILAGROSO
Siento una gran pena ajena. No por usted Dr. Colmenares, ¡claramente!
Excelente columnba Dr. Colmenares, nadie tiene una varita mágica. Lamentablemente los periodistas conocen poco del tema para contrapreguntar (o no se atreven). Usted le podría dar una mano cuando se hagan los debates. Me recordó a uan precandidata que sólo se sabía la tabla del 10: 10 de renta, 10 de IVA y 10 de retención. Creen que la economía de una pais se maneja con las ganas. Gracias y felicitaciones.
Doctor excelente análisis, el populismo, la zarta de mentiras lo replican los medios de comunicación tradicionales pero en el ambiente ningún candidato propone algo coherente, razonable, para sacar este país adelante.
La legitimidad en el derecho público no se reduce a la popularidad ni a la visibilidad mediática, sino que se funda en la institucionalidad. Hans Kelsen recordaba que la validez de un orden jurídico depende de su conformidad con la norma fundamental, y en política ocurre algo semejante: la validez de un liderazgo se construye en la medida en que se inserta en las etapas institucionales que la democracia reconoce.
Carl Schmitt, por su parte, advertía que la política es inseparable de la decisión soberana, pero esa decisión solo adquiere legitimidad cuando se articula con las estructuras del Estado. De allí que el tránsito por cargos como alcaldías o ministerios no sea un requisito meramente formal, sino un proceso de sedimentación que otorga densidad institucional al liderazgo.
Jean-Jacques Rousseau enseñaba que la voluntad general no se improvisa: requiere tiempo, maduración y la experiencia de lo público. Así, la eventualidad de un reconocimiento político se inscribe en la lógica de la democracia como proceso. La aspiración presidencial, sin embargo, todavía se percibe vinculada a un ámbito local, lo que evidencia la necesidad de una decantación institucional antes de aspirar a la máxima magistratura.
Este análisis no constituye un juicio personal ni una afirmación sobre conductas específicas, sino una reflexión académica sobre la importancia de los itinerarios institucionales en la construcción de legitimidad. En derecho público, la legitimidad no se presume: se construye mediante la experiencia, la responsabilidad y la validación institucional que confieren los tiempos y las etapas de la democracia.
Sin lugar a dudas, el gobernante no solo debe ser, sino también parecer. Sin embargo, cuando la apariencia sustituye a la capacidad, el ejercicio del poder se vacía de contenido.
El llamado “abogado de la mafia” evidencia un profundo desconocimiento del aparato estatal, de sus formas y procedimientos y, de manera más preocupante, del flujo real y monetario de la economía, así como del papel que en este desempeña el Estado. Evita cuestionarse sobre los efectos de sus propuestas, las cuales resultan atractivas para algunos sectores que avanzan con fe y esperanza, pero con bajo nivel de entendimiento y racionalidad.
Como advertía Nicolás Maquiavelo en El príncipe, estaríamos ante un gobernante sin virtù: alguien que posee ideas, discursos o intenciones, pero carece de la capacidad real para materializarlas.