Llevo varios días revisando el documento del BGN y los estados financieros consolidados del sector público correspondientes a 2025, y hay un dato que se niega a salir de mi cabeza: el patrimonio consolidado del Estado colombiano es negativo en $944,3 billones de pesos, casi 51 puntos del PIB. No es un error de digitación ni una anomalía pasajera. Es la fotografía de un problema que se agrava año tras año, y que en 2025 empeoró un 34,8% frente a 2024.
Quiero ser claro desde el principio: esto no significa que la Contaduría General de la Nación (CGN) haya hecho mal su trabajo. Todo lo contrario. La CGN logró consolidar información de 4.069 entidades públicas, con una cobertura del 99,7% del universo estatal. Eso es un logro técnico notable en un país con miles de empresas descentralizadas y entidades territoriales dispersas por toda la geografía. El problema no está en cómo se mide, sino en lo que está revelando la medición. Y lo que revela es preocupante.
El pasivo pensional del sector público asciende a $839,5 billones, pero los recursos que existen para respaldarlo apenas cubren el 10,9% de esa obligación. También quiero ser preciso con un dato que suena aún más alarmante si no se explica bien. La UGPP, que no administra fondos ni recibe aportes, sino fiscaliza, determina la deuda y exige el pago, pero no actúa como una cuenta receptora de fondos, tiene registrado contablemente un pasivo actuarial cuyo respaldo financiero directo es de apenas 0,37%. Esto no significa que esas pensiones se queden sin pagar: el giro efectivo lo hace el FOPEP con cargo al Presupuesto General de la Nación. Pero sí revela algo igual de delicado: ese pasivo pensional depende casi por completo de que cada año el Gobierno destine la plata suficiente en el presupuesto, sin que exista un colchón de reservas propio que amortigüe la presión fiscal si en algún momento las prioridades del gasto público cambian.
También encontré algo que merece más atención de la que ha recibido: la CGN reconoce abiertamente que no homogeniza las políticas contables entre los cuatro marcos normativos que rigen a las distintas entidades del país. Su argumento es que su función es «estadística», no de matriz y subordinadas, y que las diferencias no son materiales. Puede ser cierto. Pero decirlo no es lo mismo que demostrarlo con números duros y comparables. Si le pedimos rigor al sector privado bajo NIIF, no veo por qué el sector público debería quedar exento de ese mismo estándar de exigencia.
Hay más. Las provisiones por litigios y demandas cayeron 8,5%, y dentro de esa caída hay una reducción del 91,74% en los procesos civiles del Ministerio de Defensa. La explicación oficial habla de fallos favorables y reclasificaciones de riesgo jurídico. Puede ser exactamente así. Pero cuando una cifra se mueve tan abruptamente, la Contraloría Contraloría General de la República (CGR) tiene la obligación de verificarlo de manera independiente, no de darlo por sentado. En otra ocasión me voy a referir de manera precisa de la función que cumple la CGR con respecto al BGN.
Ahora bien, aquí viene la parte que quiero destacar como una oportunidad real, no como otro lamento más sobre las finanzas públicas colombianas. Estamos en un momento de cambio de gobierno, y eso casi siempre se lee como incertidumbre. Yo lo leo distinto: es la ventaja más propicia para que la CGN se reinvente institucionalmente. Un nuevo gobierno significa nuevos liderazgos, nueva agenda legislativa y, sobre todo, la posibilidad de sentar en la mesa a la Comisión Legal de Cuentas del Congreso con una propuesta seria de modernización: un cronograma público de homogenización contable, metas verificables de fortalecimiento actuarial y un tablero de riesgos fiscales que hable en un lenguaje que los ciudadanos, no solo los técnicos, puedan entender.
La contabilidad pública colombiana tiene aquí una oportunidad histórica de dejar de ser vista como un ejercicio técnico aislado y convertirse en una herramienta central del debate fiscal nacional. No hablo de refundar la CGN, sino de blindarla con los recursos, la autonomía técnica y el respaldo político para que sus advertencias, como el patrimonio negativo o el hueco pensional, dejen de leerse como notas al pie y se conviertan en insumos reales para la toma de decisiones.
Mi conclusión, después de este ejercicio, es que el BGN no está mal hecho: está bien hecho, y por eso mismo asusta tanto. La pregunta que le queda a la nueva administración, al Congreso y a nosotros como comunidad contable no es si confiamos en las cifras. Es qué vamos a hacer con lo que esas cifras nos están gritando desde hace ya varios años.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
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