El 20 de enero de 2026, la Contaduría General de la Nación (CGN) emitió un concepto técnico que resuelve las dudas sobre la normativa contable aplicable a las entidades públicas que han iniciado procesos de disolución y liquidación. El documento precisa las obligaciones de reporte para aquellas organizaciones que dejan de cumplir con la hipótesis de negocio en marcha.
La CGN determina que las entidades públicas en liquidación deben abandonar los marcos normativos contables ordinarios (basados en el devengo y la continuidad) para adoptar un marco técnico específico diseñado para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Este cambio busca que la información financiera refleje de manera fidedigna el valor de realización de los activos y la cancelación de los pasivos.
El pronunciamiento enfatiza que la transición debe realizarse desde el momento en que se declara la liquidación, asegurando que los estados financieros sirvan como base para el proceso de rendición de cuentas ante los entes de control y la ciudadanía.
Puntos clave
- Cese de la hipótesis de negocio en marcha: El reconocimiento contable cambia sustancialmente cuando la entidad entra en proceso de liquidación.
- Marco normativo aplicable: Se debe aplicar el anexo correspondiente a entidades en liquidación del Régimen de Contabilidad Pública.
- Valoración de activos y pasivos: Los criterios de medición se ajustan al valor neto de realización para los activos y al valor estimado de liquidación para las obligaciones.
- Responsabilidad del liquidador: El representante legal o liquidador es el responsable de garantizar la transición normativa y el reporte oportuno de la información.
- Periodicidad del reporte: Las entidades en liquidación mantienen la obligación de reportar información financiera periódica a la CGN a través de los canales oficiales.
Importancia del concepto
Este concepto es fundamental para contadores y revisores fiscales del sector público, ya que previene errores en la presentación de estados financieros que podrían derivar en sanciones administrativas o hallazgos de auditoría. Proporciona una hoja de ruta clara para la depuración contable y la valoración de bienes durante el cierre definitivo de las entidades estatales.
¿Qué desafíos ha encontrado en la aplicación del valor de realización para activos de difícil enajenación en entidades públicas?
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