Sergio Fajardo publicó un decálogo de diez condiciones para orientar a su millón de electores, declaró que no estaba negociando con nadie, dijo que los votos no son de los dirigentes sino de cada ciudadano, y luego guardó el silencio más ruidoso de esta campaña. Un silencio que, paradójicamente, dice más sobre sus dilemas personales que cualquier declaración pública.
La actitud de Fajardo es una mezcla de fascinación y exasperación frente a la segunda vuelta porque tiene un problema que él mismo creó: toda su vida política ha sido construida sobre un principio que se repite hasta el cansancio: la ética por encima de todo, la transparencia como condición de la política, la coherencia entre el discurso y la conducta. Y ahora, ante la disyuntiva entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, ese principio lo conduce inevitablemente hacia una sola dirección. Aunque le incomode. Aunque le cueste. Aunque prefiera el silencio o el voto en blanco como refugio cómodo.
Siendo directo: las hojas de vida morales, éticas y judiciales de los dos candidatos no son equivalentes, y pretender que lo sean es una deshonestidad intelectual que alguien como Fajardo no puede permitirse.
Abelardo De La Espriella es un abogado penalista cuya trayectoria profesional está documentada como defensor de algunos de los personajes más cuestionados de la historia criminal reciente de Colombia. Ha representado legalmente a figuras vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Eso no es una acusación política: es un hecho de registro público. Y aunque el ejercicio de la defensa jurídica es un derecho consagrado en cualquier Estado de derecho, nadie niega eso, la pregunta que Fajardo, como hombre de convicciones, no puede eludir es esta: ¿es coherente con su propia trayectoria de vida entregarle el poder presidencial a alguien cuya práctica profesional ha estado al servicio de quienes han destruido la institucionalidad que él dice defender?
Iván Cepeda, en cambio, tiene una hoja de vida que cualquier demócrata de centro debe reconocer con honestidad: es uno de los más persistentes investigadores parlamentarios de los crímenes de Estado en Colombia, un defensor documentado de las víctimas del conflicto armado, un hombre que fue intimidado, amenazado y objeto de chuzadas ilegales precisamente por hacer lo que Fajardo dice que hay que hacer, combatir la corrupción, exigir rendición de cuentas, defender los derechos humanos. Sus antecedentes morales, éticos y judiciales no solo son distintos a los de De La Espriella: son opuestos.
¿Eso significa que el programa económico de Cepeda no tiene riesgos? Claro que si los tiene, y los he analizado con rigor a partir de mi formación y conocimiento. La continuidad de la Paz Total, las tensiones con la inversión privada, la compatibilidad de algunas propuestas con la regla fiscal: todo eso merece debate técnico. Pero Fajardo, quien ha repetido hasta el cansancio que la ética es la base de todo lo demás, sabe perfectamente que un programa de gobierno puede corregirse en el Congreso, puede ajustarse con el tiempo, puede renegociarse con la realidad. Lo que no se corrige con el Congreso ni con el tiempo es el carácter moral de quien ocupa la silla presidencial.
Fajardo no puede invocar la ética como fundamento de su vida pública y luego, en el momento de mayor consecuencia, refugiarse en el silencio o en el voto en blanco para no asumir la responsabilidad de señalar lo evidente. Uno de los dos candidatos tiene una trayectoria de vida que es, punto por punto, lo que Fajardo dice defender. El otro tiene una trayectoria que es, punto por punto, lo que Fajardo dice combatir.
La coherencia no es opcional cuando uno ha construido toda una carrera política sobre ella. Es precisamente en el momento incómodo, en el momento en que la decisión tiene un costo personal, cuando la coherencia se demuestra o se traiciona.
Fajardo sabe por quién debe votar. Lo sabe desde que firmó su propio decálogo. Pero la pregunta no es si lo sabe. La pregunta es si tendrá el valor de decirlo y decidirlo con el voto.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
Tres realidades técnicas que la retórica radical no puede responder:
El Estado no es una empresa: En democracia no se manda por decreto; se negocia con un Congreso independiente.
La ilusión de la austeridad: Ningún recorte fiscal sobrevive a un legislativo sin mayorías propias. Las promesas se estrellan el primer día.
El riesgo del bloqueo: El país requiere estabilidad económica y soluciones viables, no agendas destinadas al cuello de botella institucional.
Pasar del discurso electoral a la realidad del presupuesto exige madurez, experiencia legislativa y capacidad de unión. Menos espectáculo, más viabilidad.
Por qué su modelo no es viable en el momento histórico actual (2026)?
No tiene bancada en el Congreso:
De la Espriella compite bajo su movimiento independiente Defensores de la Patria. En las elecciones legislativas de este año quedó demostrado que el Congreso está totalmente atomizado.
Sin un partido estructurado ni mayorías parlamentarias, su agenda legislativa nacería muerta. Petro, teniendo una bancada mucho más grande, ha sufrido parálisis para aprobar sus reformas debido a la falta de acuerdos. Alguien con una bancada casi nula e incapaz de conciliar generaría un apagón institucional absoluto.
Confunde administración corporativa con gobernabilidad democrática: Un bufete privado se maneja por orden jerárquico y despido directo; el Estado exige la separación de poderes. Prometer «mano dura» y decretos radicales suena bien en las tarimas, pero jurídicamente la Corte Constitucional tumbaría cualquier intento de gobernar pasando por encima del legislativo. Colombia necesita estabilidad jurídica para atraer inversión, no un choque de trenes diario entre la Casa de Nariño y las altas cortes.
Inviabilidad fiscal de la «austeridad milagro»: Recortar drásticamente los ingresos del Estado mientras se promete seguridad y subsidios empresariales es una contradicción técnica. Las agencias calificadoras de riesgo advierten que los discursos de shock económico sin bases de gobernabilidad disparan la devaluación y ahuyentan los capitales internacionales por la incertidumbre política.
La Guajira se encuentra en un proceso crítico de transición y requiere, por encima de todo, presencia del Estado e inversión pública directa, no discursos de privatización o abandono institucional.
Una política de austeridad radical y bloqueo en Bogotá congelaría proyectos vitales que están en marcha en este 2026.
Peligro para la infraestructura social y alimentaria: Actualmente, a través de Prosperidad Social, se ejecutan en municipios como Fonseca e internamente en el territorio Wayúu infraestructuras clave para la economía popular, comedores comunitarios y distribución de bienestarina. Un recorte fiscal radical bajo la lógica de que «el mercado todo lo soluciona» dejaría desamparadas a las poblaciones en mayor rezago socioeconómico.
Frenazo a la inversión vial del CONPES 4161: El departamento cuenta hoy con ejecuciones y socializaciones viales históricas respaldadas por presupuestos de hasta $3.5 billones de pesos para conectar las zonas más apartadas de la Alta Guajira (CONPES 4161 de 2025/2026). Si el Gobierno Central entra en una parálisis por peleas con el Congreso, los giros de estos recursos públicos regionales e indicativos para las víctimas se congelarían.
Crisis en la educación y la alimentación escolar: Recientemente se han garantizado billonarios recursos ($2.3 billones) para asegurar la gratuidad y la alimentación escolar al 100% de los niños en zonas rurales dispersas de la región. El modelo de austeridad extrema y la falta de capacidad de articulación política amenazarían la continuidad y el flujo de estas transferencias nacionales hacia el departamento.
Bloqueo a la Transición Energética: La Guajira es el epicentro de los proyectos de energía eólica y solar. Estos proyectos no avanzan solo con inversión privada; necesitan de un Gobierno Nacional con altísima capacidad de diálogo social para resolver las consultas previas con las comunidades locales. Un enfoque basado únicamente en la imposición y la confrontación judicial rompería los canales de concertación, ahuyentando las mesas de desarrollo tecnológico y las alianzas STEAM que ya se impulsan en el territorio.
Ojalá la columna fuera publicada en otros medios de mayor difusión, como por ejemplo El Espectador, muy buena reflexión, gracias por el texto
En definitiva Fajardo se dedico hacer una política llena de división, porque a la final nunca ha podido reconocer que fue al el que Colombia elegio