Hace tiempo quería escribir esto: el gran saqueo de lo público. Lo he callado lo suficiente. Y lo digo sin anestesia, porque ya no caben más eufemismos sobre la manera en que se roban la plata que debería resolver los problemas más urgentes.
Existe una modalidad de corrupción institucionalizada, protegida por la ley, bendecida por la negligencia de los órganos de control y aplaudida en silencio por quienes se benefician de ella. Se llama contratación directa con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), y se ha convertido en el camino más corto, más fácil y más impune para saquear el presupuesto público.
Déjenme poner datos concretos. En mi pueblo, el municipio de Villanueva (La Guajira), entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de marzo de 2026 la Alcaldía Municipal suscribió nada menos que 63 contratos con 19 entidades sin ánimo de lucro, por un valor agregado que supera los $2.200 millones. Todos los datos están en SECOP, públicos, verificables, al alcance de cualquier ciudadano.
¿Y qué hacen esas fundaciones? De todo. Y al decir todo, es en serio: una misma fundación, que tiene el mismo representante legal, aparece contratada para organizar el Carnaval, luego para vacunar animales contra la encefalitis equina, luego para capacitar madres cabeza de hogar en emprendimiento, luego para elaborar políticas públicas de salud mental, y además para fortalecer el sector agropecuario. El mismo círculo de contratación directa repetido una y otra vez, año tras año, sin licitación, sin concurso, sin competencia, sin transparencia.
Eso no es una fundación. Eso es un contratadero. Una figura de papel creada con el único propósito de habilitar la contratación directa y saltarse todos los filtros que el ordenamiento jurídico creó para proteger el erario. Son fundaciones que no tienen historial de ejecución real, que no tienen capacidad técnica demostrada, que nunca han hecho nada porque en estricto sentido no saben hacer nada, y existen únicamente para facturar los recursos que las alcaldías y la gobernación quiere entregar sin rendir cuentas a nadie. En La Guajira hay familias que tienen registradas hasta cincuenta fundaciones para contratar.
El mecanismo es diabólicamente sencillo. El Decreto 092 de 2017 y la modalidad de contratación directa por «servicios profesionales y apoyo a la gestión» se convirtieron en la llave maestra de la corrupción.
Basta constituir una ESAL, registrarla en la Cámara de Comercio con un objeto social tan amplio que cubra desde un alfiler hasta un misil, y esperar que el alcalde amigo firme el primer contrato. A partir de ahí, la rueda no para. Un contrato genera otro. Y otro. Y otro. Sin licitación. Sin competencia. Sin explicación.
En mi condición de Veedor Ciudadano exijo que la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General pongan su lupa sobre este fenómeno de manera sistemática y urgente en todo el territorio nacional, porque en Villanueva no encontré una anomalía: es el modelo. Es la regla. Y el SECOP lo demuestra donde alguien se tome el trabajo de buscar.
Pero sobre todo, me dirijo al Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio: tienen la obligación histórica de cerrar este portillo legal. La reforma al régimen de contratación estatal y al Estatuto Tributario en lo que respecta al tratamiento preferencial de las ESAL no puede esperar más. Se necesitan con urgencia normas que establezcan: topes estrictos a la contratación directa con ESAL, requisitos mínimos de trayectoria “y de reconocida idoneidad” a la que se refiere el decreto 092, régimen de inhabilidades cruzadas con funcionarios contratantes, y régimen tributario que exija a las ESAL demostrar que su objeto social es real y no una pantalla.
No estoy pidiendo que acaben con las organizaciones sociales legítimas que trabajan de verdad en los territorios, sino que se acabe la impunidad de los simulacros y la posibilidad de que cualquier político de pueblo se lleve la plata de todos con su propia fundación de bolsillo sin que nadie lo detenga. Mientras ese dinero se pierde en contratos amañados. No hay eufemismo posible para eso.Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
Villanueva Villanueva tremenda tremenda. Mamá mía .!!las épocas de los pasquines ufff a cualquiera lo desprestigiaban ahí los mismos del municipio, tremendo municipio complejo.
Es cierto. Desafortunadamente fue una práctica sistemática de algunos habitantes del pueblo que se entendió por años seguidos y daño muchas reputaciones. Era aspmbroso como antes del festival se separaba el pasquin a ver quien salía perjudicado. Exabrupta conducta.
Conocí jóvenes del pueblo que cayeron en depresión por esas prácticas nefastas.
No fue gracioso para nada. Dañaron algunas vidas.
Villanueva, tierra de acordeones y versos, parece haber decidido que su destino se resume en un festival. El “Cuna de Acordeones” es, sin duda, un patrimonio cultural valioso, pero no puede ser la única brújula de un pueblo que necesita diversificar su mirada y su economía. No todo es canto, dinastías y leyendas; no todos nacen para la música, pero todos necesitan comer, estudiar y construir futuro.
Mientras algunos se conforman con que cada septiembre sea la repetición del mismo ritual, el municipio se desangra en contratos amañados, fundaciones de papel y un saqueo institucionalizado que ya no se puede callar. Como bien lo denunció Luis Alonso Colmenares, el presupuesto público se reparte entre entidades sin ánimo de lucro que hacen de todo y de nada: organizan carnavales, vacunan animales, diseñan políticas de salud mental y fortalecen el agro… todo con el mismo representante legal y sin ninguna idoneidad real. Eso no es desarrollo, eso es un espejismo.
El problema es que mientras el festival se convierte en el centro de gravedad, la gente olvida que hay más allá de un acordeón. Las nuevas generaciones necesitan entender que el talento no solo se mide en versos y notas, sino también en ciencia, emprendimiento, agricultura sostenible, turismo responsable y educación de calidad. Villanueva no puede seguir viviendo como si el primer día del festival fuera eterno, porque la vida pasa sobre ellos, pero no para ellos.
La crítica no es contra la música —que es orgullo y raíz—, sino contra la idea frenética de que todo se reduce a ella. El acordeón es símbolo, pero no puede ser cárcel. El verdadero reto es que Villanueva se atreva a pensar más allá de sus instintos festivos, que diversifique su economía y que exija transparencia en la administración pública. Porque mientras el dinero se pierde en contratos amañados, los jóvenes se van, los campos se abandonan y las oportunidades se evaporan.
Villanueva merece más que un festival. Merece futuro.
Saludo DR. excelente y valiente tema sobre la realidad del control publico. Para mi es temeroso escribir sobre ese tema por el riesgo que puede significar , he trabajado poco en el sector publico en diferentes frentes pero como me gusta los financiero y la auditoria eso me ha permitido ver el descontrol interno de las instituciones publicas ,en mi caso en el valle ,la asamblea departamental sin control, el consejo sin control, la alcaldía y la gobernación sin control , tienen todas las triquiñuelas del caso , todo el mundo esta amarrado políticamente y económicamente, como la rusia comunista todo esta en comités y células , todo conectado con fundaciones de honrosos objetivos de papel pero de oscuras practicas de clientelismo y contratitos ;por todo esto es que veo que Colombia desde sus cimientos deberá meterse en la reingeniería ….algún día..
Doctor, Villanueva es Colombia entera, asi funciona en todo el país. Por ejemplo en el pueblo al norte del Tolima nada se hace si no pasa por la manos de un chofer de volqueta que resulto ser el esposo de la alcaldesa, que dicho sea de paso nombró de forma directa como docente a un hermano en el colegio Gonzalo Jiménez y a un sobrino en el colegio Santa Ana. La corrupción es la regla.
Es muy cierto Dr Colmenares en San Andrés no deja de ocurrir lo mismo, hay un nido de corrupción con unas cuantas ESA, que son los que se llevan todo el recurso de la salud y de la inversión social que debe realizarse para las personas mas necesitadas y vulnerables del departamento.
Como usted lo dice, la norma dejó un tremendo hueco para ese tipo de contratación y como dicen por allí «hecha la ley, hecha la trampa». Sin embargo, es acertado cuando manifiesta que las Contralorías no hacen nada al respecto y es evidente, pues así exista una especie de meritocracia al elegir a los Contralores, su elección final termina en mano de los Concejos municipales, quienes eligen al que ofrezca ablandamiento en las investigaciones resultados de las auditorías, donde los auditores hacen su trabajo, entregan sus informes y hallazgos, pero los engavetan o los suavizan. Eso es bien complejo.