El Consejo de Estado condenó a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal de San Isidro de Chichimene a resarcir a Ecopetrol por los perjuicios de un bloqueo que paralizó una estación en Acacías, Meta. Y esa decisión golpea directamente la puerta de mi departamento: La Guajira.
El alto tribunal no discutió si existía o no derecho a la protesta, sino que la reafirmó como garantía constitucional del artículo 37 y trazó, con bisturí jurídico, la línea que separa la protesta legítima del abuso lucrativo del bloqueo. Y en ese trazo quedan retratados quienes, desde La Guajira, sufren cada semana una vía cerrada, mientras unos pocos «líderes» cobran por levantar lo que ellos mismos organizan para presionar.
El Consejo de Estado fue enfático: la protesta pierde su blindaje constitucional cuando deja de ser pacífica y se convierte en vía de hecho que impide el ejercicio de derechos ajenos, como la propiedad privada o la libre locomoción. El componente «pacífico» no solo es ausencia de armas, sino ausencia de violencia y de fines ilícitos; no puede haber manifestación cuyo objeto sea la afectación de otros derechos como la propiedad o la integridad. Quien ejerce una facultad legítima apartándose de su función social compromete su responsabilidad civil.
El Consejo de Estado demostró que convirtieron una huelga de hambre en una toma de hecho y declaró la responsabilidad solidaria de la organización comunitaria y de su representante, ordenando indemnizar a Ecopetrol.
¿Suena parecido a lo que ocurre en las vías de La Guajira y en el corredor férreo hacia Puerto Bolívar? Cerrejón transporta el carbón que exporta el país por ese mismo trazado, hoy rehén de bloqueos permanentes por razones que cambian cada semana: unas veces son reivindicaciones étnicas legítimas, otras veces son negociaciones de cupos laborales, contratos de transporte o simples «peajes informales» que, para algunos «gestores comunitarios», se han convertido en su fuente de ingresos fijos.
Seamos honestos. En La Guajira no faltan razones estructurales de fondo para protestar: pobreza, abandono estatal, falta de agua, necesidades de las comunidades wayuu y afro. Son razones reales que no voy a negar jamás, porque sería una traición a mi idiosincrasia. Pero una cosa es tener razón y otra muy distinta es convertir esa razón en secuestro económico de todo un departamento.
Cada bloqueo detiene ambulancias, mercancías, alimentos, estudiantes, trabajadores y reduce las regalías que le corresponden a La Guajira. Es decir, quienes bloquean terminan empobreciendo a la misma comunidad que dicen defender. El daño golpea al vecino, al taxista, al comerciante, al niño que no llega al hospital porque la vía está cerrada.
Y mientras la gente sufre, los «falsos líderes» que llevan años promoviendo el cese de actividades como su carrera profesional, negocian en la sombra el levantamiento del bloqueo a cambio de contratos, cupos o dinero en efectivo. Eso no es liderazgo social. La sentencia del Consejo de Estado, al fijar responsabilidad civil solidaria para el individuo y la organización que lo respalda, manda un mensaje a La Guajira: ya no basta con decir «yo represento a la comunidad» para eludir la cuenta de cobro.
No estoy pidiendo que se callen las voces guajiras sino que se transformen. La protesta legítima tiene varios caminos: paros cívicos pacíficos con vocería técnica, mesas de negociación con plazos y compromisos verificables, veedurías ciudadanas sobre la inversión de regalías, movilizaciones simbólicas, denuncias públicas documentadas, alianzas con medios y organismos de control. Ser creativos en la protesta no es debilitarla sino hacerla más eficaz y, sobre todo, más digna, porque deja de depender de la extorsión y empieza a depender de la razón.
En La Guajira tenemos la oportunidad histórica de leer esta sentencia no como una amenaza, sino como un espejo. Podemos seguir permitiendo que unos pocos vivan del bloqueo mientras el departamento se hunde en el atraso, o podemos exigir que la protesta vuelva a ser lo que debe ser: la voz legítima de un pueblo cansado, no el negocio privado de quienes se han apropiado de su dolor para lucrarse.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR
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