La revisoría fiscal en las entidades que integran el sector público, debe ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia
de la gestión pública, a través de la utilización de sistemas de seguimiento y control de las decisiones, con base en las funciones asignadas por la ley. Sin embargo, su desempeño en estas entidades, establecido por mandato legal, adquiere
un carácter especial por la articulación de los fines y finalidades del Estado que conlleva la obligación de informar a los diferentes órganos que lo integran y a la ciudadanía en general sobre las actividades y uso de los recursos públicos. De allí que la revisoría fiscal en el sector público, a pesar de las condiciones que le impone la regulación y el contexto de la función pública, requiere el ejercicio de una serie de técnicas y procedimientos distintos a los de otros sectores de la sociedad.