Inicia el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con un regalo incómodo: el Presupuesto General de la Nación para 2027 que no cierra por sí solo. Y es una situación que preocupa, después de revisar con calma el proyecto que el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política, dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. A última hora pero lo presentó.
El gobierno saliente calculó ingresos por 545 billones de pesos y gastos por casi 576 billones. La diferencia, unos 30 billones, no está resultando: depende de una reforma tributaria que apenas se presentó al Congreso el 21 de julio y que, como sabemos por experiencia reciente, bien podría no pasar. La Constitución permite tramitar y aprobar el presupuesto en esas condiciones, sí, pero eso no lo hace menos riesgoso. Es como firmar un contrato de arriendo confiando en un aumento de sueldo que todavía no me han confirmado.
Y aquí viene lo que más me preocupa: esa papa caliente, según se mire, no la va a pagar quien la cocinó. La va a heredar la nueva administración del presidente Abelardo De La Espriella, que entra a gobernar justo cuando el Congreso comience a debatir este proyecto. Eso significa que el nuevo equipo económico tendrá que decidir, casi de entrada, si defiende la reforma tributaria que radicó su antecesor, la reformula por completo o busca otra fuente de ingresos. No es un tema menor: de esa decisión depende si realmente el presupuesto de 2027 puede ejecutarse sin sobresaltos.
Más allá de ese hueco fiscal, hay que reconocerle algo al proyecto: no le mete la tijera a la inversión pública ni al gasto social. La salud, las pensiones, la educación y las transferencias territoriales quedan protegidas, y eso es coherente con lo que manda la Constitución sobre priorizar el gasto social. El problema es que casi todo lo demás, el funcionamiento de las entidades, buena parte de la inversión discrecional, queda congelado en pesos, sin ajuste por inflación. Traducido: muchas instituciones van a tener, en la práctica, menos plata real para operar el año que viene.
También hay que decirlo con claridad: este no es el primer año en que Colombia recurre a la cláusula de escape de la regla fiscal. Ya ocurrió, y se está usando de nuevo. Pero esa herramienta existe para emergencias, no para convertirla en costumbre. Usarla dos veces seguidas se traduce en enviar una señal que los mercados y las calificadoras no pasan por alto, y que cualquier gobierno, sea de la ideología que sea, debería tomarse en serio.
Ahora bien, ¿qué necesita corregir el Congreso, con el nuevo gobierno, antes de aprobar esto? Primero, dejar clarísimo que ninguna plata contingente se ejecuta si la reforma que la respalda no queda aprobada. Eso no es un capricho técnico: lo exige la misma Constitución Política cuando expresa que el presupuesto debe contener la totalidad de los gastos con su correspondiente fuente de financiación. Segundo, exigir informes periódicos sobre cómo va la ejecución de las vigencias futuras y de los riesgos que arrastran varias entidades, con el apoyo de la Contraloría General de la República. Y tercero, no dejar que ciencia y tecnología, y otros sectores estratégicos, sigan recibiendo las migajas que hoy les tocan, si de verdad queremos una economía menos dependiente del petróleo.
No se trata de satanizar el proyecto ni de aplaudirlo sin crítica. Se trata de mirarlo con la seriedad que merece una decisión que comprometa las finanzas del país por lo menos hasta 2028, cuando se supone que Colombia debe volver por completo a cumplir su propia regla fiscal.
El nuevo gobierno tiene ahí una oportunidad real: puede limitarse a heredar el problema, o puede usar el debate presupuestal para poner las cosas en orden desde el primer día. Ojalá el Congreso, con la Comisión Tercera a la cabeza, entienda que aprobar este presupuesto sin ajustar el hueco de financiación no es prudencia política, es simplemente aplazar una cuenta que, tarde o temprano, alguien va a tener que pagar.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
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